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El Gobierno pagará en sus cuentas los 78 millones de IVA que debe a Baleares

La ministra promete a las comunidades el pago de la mensualidad pendiente y un fondo para paliar el impacto de la liquidación de 2020

La consellera de Hacienda, Rosario Sánchez, ayer siguiendo la reunión telemática del CPFF.

La consellera de Hacienda, Rosario Sánchez, ayer siguiendo la reunión telemática del CPFF.

Corría finales de 2019 y la falta de Gobierno y la repetición electoral dejaron en el aire 6.000 millones de euros que el ejecutivo central debía transferir a las comunidades. En el caso de Baleares, 177 millones. La presión de las autonomías logró el desbloqueo de una parte de estos fondos, y llegaron a las islas 98 millones. Sin embargo, quedó pendiente de pago una mensualidad del IVA que se venía arrastrando desde finales de 2017 y que se traducía en 78 millones para Baleares. Dos años después y tras una sentencia del Tribunal Supremo obligando al Gobierno a abonar el IVA adeudado a las autonomías por una reclamación de Castilla y León, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, comunicó ayer el pago de esa deuda a través de los próximos presupuestos de 2022.

Montero reunió ayer a todas las comunidades en una reunión telemática del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para abordar la suspensión de los límites de déficit, deuda y regla de gasto para 2022 y la aportación de fondos extraordinarios en los próximos presupuestos generales (PGE) de 2022.

Precisamente, entre esos fondos, según informó el Govern ayer a través de una nota, el Gobierno prevé habilitar una partida global de unos 3.100 millones de euros para abonar las cuantías pendientes a cada comunidad por el IVA pendiente de 2017. En el caso de Baleares, 78 millones de euros.

La exigencia del pago de estos 78 millones y de reclamarlos a la justicia ha sido recurrente desde el inicio de la legislatura, pero no fue hasta el pasado mes de abril cuando el Supremo dio la razón a una reclamación la Junta de Castilla y León, cuando la ministra Montero se abrió a estudiar una fórmula para pagar la deuda a todas las comunidades. El pasado mes de mayo ya se comprometió en una reunión con la presidenta del Govern, Francina Armengol, en Palma, a pagar esa deuda.

No fue la única buena noticia para el Govern. De hecho, si bien no se trataba de una deuda pendiente, resulta mucho más crucial para las cuentas públicas de la comunidad el anuncio de una aportación extraordinaria global de 3.900 millones en el sistema de financiación autonómico para paliar el impacto negativo de la liquidación del año pasado.

Cabe recordar que pese a la caída de la recaudación autonómica, especialmente acusada en las islas por su dependencia al turismo, el Gobierno mantuvo el año pasado intactos sus adelantos del sistema de financiación. La solución suponía dar un patadón al frente, ya que por las reglas del sistema, el Govern debería haber devuelto el año que viene lo recibido por encima de su recaudación real. A falta de concretarse la aportación total por el sistema de financiación, ese fondo extraordinario cubrirá el año que viene parte de ese saldo negativo.

Por lo que se refiere a las reglas fiscales, a pesar de la suspensión de las mismas, el Ministerio de Hacienda plantea de nuevo para 2022 unas tasas de déficit «de referencia». En el caso de las comunidades autónomas, este nivel de déficit orientativo para 2022 será del 0,6 por ciento del PIB.

Fondo extraordinario covid

Finalmente, y en relación al ejercicio actual, Montero informó del reparto del fondo extraordinario Covid de 2021 a las comunidades, dotado con 13.486 millones, mediante un próximo acuerdo al Consejo de Ministros, para contribuir a paliar el impacto de la pandemia en las finanzas públicas y que será distribuido en función de la población ajustada, a partir de una consulta ministerial previa a las comunidades.

La consellera de Hacienda, Rosario Sánchez, valoró estos «nuevos pasos» y «la importancia de este apoyo financiero del Gobierno, así como la gestión responsable que hacemos como comunidad, dadas las necesidades de gasto causadas por la pandemia».

La consellera Sánchez también incidió en la necesidad de abordar el debate sobre la adopción de medidas específicas para las comunidades con un elevado nivel de deuda generada por la infrafinanciación, como es el caso de las Baleares, y también en la reclamación del despliegue total del Régimen Especial (REB), incluyendo la tramitación y aprobación del régimen fiscal, puesto que tiene que actuar como «palanca».

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