El mismo día del concierto del 15 de junio en la Plaza de Toros de Palma, que fue uno de los focos del macrobrote de coronavirus entre los jóvenes, un informe de la dirección general de Emergencias advertía de sus riesgos, ya que ante el «previsible consumo masivo de drogas y alcohol» no se cubrirían las necesidades solo con una enfermería, sino que «se necesitaba una ambulancia en el recinto». «Queremos saber por qué se autorizó, si el mismo Govern sabía que se podía producir el consumo de drogas y alcohol masivo», declaró ayer el portavoz del PP en el Parlament, Antoni Costa, en la rueda de prensa del partido donde se explicó el contenido del informe. «Quién puede permanecer sentado habiendo consumido estas sustancias, como dice el Govern», añadió.
Además, Costa detalló otro informe previo al concierto elaborado por Salud Pública, en el que se afirmaba que el evento «no cumplía los requisitos para evaluarse sus riesgos, ya que no era multitudinario». «¿Cómo es posible que un evento con 2.000 jóvenes no se considere multitudinario? Parece que según la normativa autonómica no lo era, y debían aplicarse los acuerdos del siete de mayo, que autorizaban eventos con hasta dos mil personas», aclaró el portavoz del PP.
Por su parte, la portavoz popular en Cort, Mercedes Celeste, indicó que el alcalde de Palma, José Hila, responderá hoy en el pleno municipal sobre su autorización. El edil afirmó en su momento que desconocía los informes previos al primer concierto, relatados ayer por el PP. «Hubo protocolos que fallaron, ya que en el expediente del evento no se recogía la forma de controlar a los jóvenes para que no fumaran, ni se contemplaba que se pudieran levantar», aseveró Celeste.
Informe del primer concierto
Después del primer concierto, el departamento de Interior del Govern reconoció que se incumplieron numerosas medidas sanitarias relacionadas con la distancia de seguridad, pedir bebidas en la misma barra o fumar en el recinto. Además, indicaron que un miembro de la organización admitió que «el plan de seguridad no se podía cumplir», y solicitaron la suspensión cautelar del siguiente evento. Aun así, Cort mantuvo el segundo concierto del 20 de junio, ya que la suspensión no era «legalmente posible». La Plaza de Toros tiene una licencia genérica para acoger conciertos, y si la conselleria de Salud lo autoriza, no se puede negar , explicaron desde el Ayuntamiento. «Queremos saber qué pasó entre el 15 y el 20 de junio, qué controles se hicieron en el segundo concierto para que no sucediera nada», expuso Celeste.
«Hemos sufrido los mayores recortes de derechos y libertades de España para mantener un nivel de contagios bajo, y mientras se hacían pruebas piloto del ocio nocturno, se autorizó el macroconcierto con dos mil jóvenes», lamentó Antoni Costa. «Se han hecho altas exigencias a los ciudadanos de Balears con las restricciones y después aceptan este concierto. Llegaremos hasta el final, y pediremos las dimisiones de quienes haga falta», subrayó la portavoz del PP en Cort.
Este concierto de la Plaza de Toros, según acabaría reconociendo el propio Govern, fue uno de los principales focos, junto a los botellones de S’Arenal, del macrobrote que terminó afectando a más de 4.000 jóvenes de distintas comunidades. El nivel de contagios entre este grupo de edad y el continuo goteo de viajes de final de curso llevó al confinamiento de estudiantes en el ‘hotel covid’, y ese encierro forzoso ha provocado finalmente la citación a declarar de la directora general de Salud Pública, Maria Antònia Font, por prevaricación y detención ilegal, el próximo siete de septiembre.
