El servicio de tutela de personas adultas del Govern, dependiente de la conselleria de Asuntos Sociales, prevé que el número de usuarios que recibirán una incapacidad judicial se incrementará en los próximos años.
«Por las proyecciones que tenemos esperamos un aumento de estos casos. Las familias son cada vez más reducidas y por tanto hay menos familiares para asumir una tutela. Además están más dispersas que hace años, cuando vivían en el mismo pueblo o en la misma zona, y por tanto se ha perdido en gran parte esa red de apoyo que existía», explica Fina Santiago, consellera de Asuntos Sociales.
El servicio, subraya, ha crecido para adaptarse a la demanda, y lo seguirá haciendo. «Hace poco que hemos alquilado un nuevo espacio para ampliar el servicio, y también crecerá en profesionales», explica Santiago.
Hace casi tres años su departamento puso en marcha el servicio de tutela de personas adultas para gestionar directamente una problemática que asumían dos entidades sociales a través de un concierto con la administración.
«Pensamos que algo que implica una orden judicial debía convertirse en un servicio público. Inicialmente pasamos de la subvención a la concertación con estas entidades para darles estabilidad económica. Y lo siguiente fue crear una estructura pública para garantizar el apoyo y atención que necesitan estas personas», subraya la consellera.
Asuntos Sociales lleva tiempo trabajando para adaptarse a la nueva normativa que entrará en vigor en septiembre y que implicará devolver parte de su autonomía a personas que han sido declaradas incapacitadas por mandato judicial. «Nos tenemos que adaptar a una nueva ley que prohíbe la palabra incapacidad y que además dice que solo podremos hablar de tutela en caso de menores. En lo referente a adultos solo podremos hablar de curatela y la incapacidad se reservará para los casos más graves. A partir de ya tendremos que trabajar la curatela», subraya Santiago.
El 37% de los usuarios del servicio en las islas es mayor de 80 años.
