Buena intención, pero decisiones equivocadas. La Audiencia Nacional ha absuelto a la antigua cúpula directiva de Sa Nostra, que fue acusada de un delito de administración desleal, por el que se solicitaban penas de cuatro años de cárcel. Así, Pere Batle, Pau Dols y Rafel Oliver han logrado salir absueltos en el primer juicio que han afrontado, aunque están pendientes de otro proceso. La sentencia también beneficia al exempleado de Martín Gual, el técnico Francisco Javier Collado, juzgado por el mismo delito. El tribunal se alinea con la interpretación de los abogados defensores Eduardo Valdivia, Llorenç Salvà y Jaime Campaner, que no solo han conseguido evitar que sus clientes puedan entrar en prisión, sino que también han logrado salvar sus respectivos patrimonios, ya que se les reclamaba en conjunto indemnizaciones de alrededor de 80 millones de euros. La sentencia se pronuncia sobre la llamada operación Martín Gual. El desaparecido empresario del sector inmobiliario realizó una operación, a instancias de Pere Batle, que consistió en comprar el solar de Son Bordoy. Era un terreno, con grandes posibilidades de crecimiento, que estaba en poder de otro grupo empresarial, financiado por Sa Nostra, que atravesaba graves problemas económicos y en peligro de perder sus activos, que eran estos terrenos del barrio del Molinar. 

Esta operación, por la que Sa Nostra respaldó económicamente a Martín Gual para adquirir estos terrenos, se realizó en plena crisis económica, que sobre todo afectó al sector del ladrillo. El tribunal ha absuelto a los exdirectivos por una razón principal: con sus decisiones no se enriquecieron personalmente, es decir, con la operación de Son Bordoy no ganaron dinero para ellos. La sentencia recuerda que el delito que se les imputaba exige que el perjuicio ocasionado se alcance «en beneficio propio o de un tercero, con abuso de las funciones propias de su cargo». Y remata el argumento señalando que lo «penalmente reprochable no es el desacierto o fracaso» de la operación.

Los jueces han considerado que la operación de Son Bordoy, al margen de su fracaso, tampoco era tan descabellada. Los directivos fueron en busca de un empresario de reconocido prestigio, que había trabajado muchas veces con la caja de ahorros, y era capaz, como así fue, de conseguir el cambio urbanístico de Son Bordoy, convirtiendo un solar rústico en urbano, lo que multiplicaba su valor económico. 

También reconoce el tribunal que esta operación no se realizó a escondidas, sino todo lo contrario. Los directivos de Sa Nostra facilitaron toda la información puntual a los otros responsables de los órganos de decisión de la caja de ahorros, aunque algunos de ellos plantearan dudas sobre la viabilidad de la financiación a Martín Gual, la operación fue aprobada. También destaca la sentencia la calidad profesional de Martín Gual y señala que fue su grupo el que preparó un proyecto para presentarse al concurso de reserva estratégica de suelo y consiguió ganar. Con este proyecto se cambiaba la calificación urbanística del terreno, en el que se había planificado un importante plan urbanístico. «Es indudable que había un compromiso serio de Martín Gual de realizar el proyecto que, de haberse podido finalizar con éxito, habría supuesto un considerable beneficio económico, tanto para la caja financiadora, como para el promotor». Lo interesante del proyecto lo demuestra además, según inciden los jueces, en que una vez que Sa Nostra fue absorbida por otro banco, éste siguió financiando al constructor, pese a que llegó a perder este solar, donde no se ha desarrollado la urbanización prevista.