La Abogacía de la Comunidad Autónoma lleva varias semanas preparando la línea de defensa de la directora general de Salud Pública, ante la previsible decisión de que el juzgado aceptara investigar la denuncia presentada por una de las madres de los estudiantes que estuvieron confinados en el hotel covid. Y antes de que la magistrada Ana Pérez Carrillo se pronunciara, la defensa presentó varios informes en el juzgado, para justificar documentalmente que la decisión que adoptó Maria Antònia Font era ajustada a la difícil situación de macrocontagio que provocaban estos jóvenes, que se trasladaron a Mallorca para disfrutar de un viaje de fin de curso. Uno de estos informes es de Fernando Simón, director del centro de alertas y emergencias sanitarios, que respaldaba la decisión adoptada por la conselleria de Salud ante los masivos contagios que se habían detectado en Mallorca, focalizados todos ellos en los estudiantes.
Pero no son los únicos informes documentales que están sobre la mesa de la magistrada. También se han entregado los atestados policiales, que recogen los incidentes que protagonizaron estos estudiantes cuando se les comunicó que debían abandonar sus respectivos lugares de residencia, para trasladarse al hotel covid. La mayoría de ellos, no solo se oponían a abandonar el hotel donde dormían, sino que incluso se negaban a realizar una prueba de PCR para comprobar si estaban o no contagiados. Los policías consiguieron superar esta inicial oposición y lograron convencer a la mayoría de estos jóvenes viajeros (aunque no a todos) de que lo más conveniente para su salud era someterse a esta prueba, dado que existía el peligro de que si eran positivos podrían ir propagando el virus.
La jueza dispone de los informes policiales que describen la actitud de los estudiantes
De las tres denuncias que presentaron las madres de tres de los estudiantes, únicamente se ha iniciado la tramitación de una de ellas. La decisión de llamar a declarar como investigada a Maria Antònia Font la ha adoptado la jueza Ana Pérez, que el pasado día 15 dictó una providencia en la que se limitaba a citar para el próximo día 7 de septiembre a Font como investigada, por un presunto delito de detención ilegal. La magistrada no ha elaborado ningún auto específico en el explique las razones de dicha imputación. Únicamente dictó inicialmente un auto, en el que justificaba el inicio de la investigación.
Los mismos hechos
Sin embargo, si bien es evidente que las tres denuncias presentadas en los tribunales de Palma responden a los mismos hechos, la jueza Ana Pérez rechazó asumir otra de dichas denuncias, a pesar de que otro magistrado se había inhibido a favor del juzgado de instrucción número 12 de Palma.
La denuncia sobre la que se han iniciado las primeras diligencias la presentó la madre de uno de los estudiantes confinados en el hotel, que es abogada. La jueza quiere que esta denunciante le aclare a cuántas personas representa, ya que no ha concretado si únicamente lo hace en nombre de su hijo, o del resto de los amigos con los que viajó a Mallorca.
Será la letrada de la comunidad autónoma, María Ángeles Berrocal, la que asuma la defensa de la directora general. La letrada no se va a oponer a que Maria Antònia Font declare como investigada, pese a que el Govern está convencido de que la directora general no cometió ningún delito, y mucho menos el de detención ilegal, sino todo lo contrario, ya que actuó en defensa de la salud de todos los ciudadanos para evitar que el brote de contagios se descontrolara. Será después de la declaración judicial de Font, aplazada al mes de septiembre, en la que podrá dar todas las explicaciones que considere a la jueza, cuando la abogacía de la comunidad autónoma solicite el archivo inmediato de la denuncia por la inexistencia de indicios de que se ha podido cometer un delito de detención ilegal, como sostiene la denunciante.
Muchos de los jóvenes se negaban a someterse a las pruebas de PCR
La defensa, además, cuenta con dos resoluciones judiciales que le benefician. Se trata de la interpretación que realizaron dos juzgados de instrucción de Palma ante las peticiones de habeas corpus planteadas por varios de los casi 300 jóvenes que estaban confinados en el hotel. Coincidiendo con la valoración de la fiscalía, ninguno de estos dos jueces apreció indicio alguno de que se estaba cometiendo un delito de detención ilegal.
La polémica decisión acordada por Font fue anulada por un juzgado de lo contencioso, que entendió que la decisión de la dirección general de Salud Pública no era proporcionada al nivel de contagio que se había detectado. Se recriminaba al Govern que no hubiera demostrado que los jóvenes confinados hubieran estado en contacto estrecho con los contagiados. Esta decisión obligó al Govern a autorizar la salida del hotel de los jóvenes turistas, que se trasladaron al día siguiente a la Península. Una vez en su destino se les sometió a un nuevo test de PCR y muchos de ellos dieron positivo.
