Una treintena de personas convocadas por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) en Mallorca exigieron ayer al Gobierno que prorrogue la moratoria que impide desahuciar a personas en situación de vulnerabilidad por culpa de la pandemia al menos hasta el 31 de diciembre. La moratoria termina el 9 de agosto y los activistas auguran «una avalancha de desahucios» a partir de esa fecha.
«Durante la pandemia se han ejecutado once mil desahucios en todo el Estado, es inadmisible. Exigimos al Gobierno que apruebe ya la ley de vivienda estatal y que las familias tengan alquileres asequibles que puedan pagar. Porque no podemos pagar mil euros de renta cuando cobramos mil euros. Es de sentido común», valoró Isabel Ruiz, una de las portavoces de la PAH Mallorca.
Los activistas lamentaron que, pese a la crisis económica derivada de la emergencia sanitaria, se han sucedido los desahucios tanto en Balears como en el resto del Estado. Sobre el papel, ningún juez puede ordenar el desahucio de quienes acreditan que no pueden pagar el alquiler porque habían perdido sus ingresos por la pandemia. Sin embargo, Ruiz lamentó que en muchas ocasiones «no se ha respetado» esta protección dirigida a inquilinos damnificados por la crisis.
«Hemos tenido que parar desahucios corriendo al juzgado con certificados de vulnerabilidad extrema. Y a veces hemos tenido que volver a parar el mismo desahucio porque el juez lo había puesto en marcha otra vez», criticó Ruiz.
Asimismo, hasta el 9 de agosto los inquilinos vulnerables tampoco podrán sufrir subidas del alquiler, y se prorrogarán sus contratos en las condiciones que tenían antes de la emergencia sanitaria.
«Familias empobrecidas»
Ruiz recordó que la vivienda debería ser reconocida como «un derecho fundamental» de todos los ciudadanos. «Esta pandemia ha empobrecido a muchas familias de las islas, las víctimas de los desahucios también son personas que nunca pensaban que estarían en una situación así», manifestó esta activista.
Asimismo, indicó que también hay familias que apenas habían podido recuperarse de la crisis de 2008 y ahora han vuelto a perder el trabajo. «Los bancos tienen miles de pisos vacíos, que el Gobierno los coja y los dé en alquiler social después de rescatarlos con dinero público», indicó Ruiz.
