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Los juristas, pesimistas ante la posibilidad de recuperar multas pagadas por el confinamiento

Los abogados advierten que puede ser mucho más caro una reclamación a la administración que la sanción que ya se ha abonado

La mayoría de sanciones fueron por desobediencia a las normas del estado de alarma.

La mayoría de sanciones fueron por desobediencia a las normas del estado de alarma.

Los abogados están pendientes de conocer la letra pequeña de la sentencia que ha acordado esta semana el Tribunal Constitucional, por la que se declara ilegal el estado de alarma acordado por el Gobierno. Una sentencia que será la que determinará qué acciones legales se pueden adoptar contra las sanciones económicas que se acordaron por incumplir las restricciones impuestas a la población, en el intento de controlar la pandemia sanitaria.

Sin embargo, de lo poco que se conoce hasta ahora del texto del tribunal, los juristas son pesimistas de que los ciudadanos que ya hayan pagado las multas puedan en un futuro recuperar el dinero. Así, el doctor y profesor de la asignatura de derecho administrativo de la UIB, Felio Bauzá, tiene muy claro que será casi imposible recuperar estas cantidades ya pagadas. El jurista interpreta una ley aprobada en el 2015 sobre el sector público, que establece una serie de requisitos que limitan mucho la posibilidad de que la administración devuelva el importe de estas sanciones. «Se exige que la sanción se hubiera recurrido, que se haya rechazado el recurso y que se hubiese alegado que la multa era anticonstitucional», explica el profesor. Y asegura que si no se dan estos tres requisitos es casi imposible que la administración, salvo que lo decida por oficio, retorne las cantidades ya pagadas. En cambio, sobre las sanciones que aún no se han abonado, Felio Bauzá tiene claro que son nulas y no se tendrán que abonar.

Quien también prevé que será complicado que el ciudadano sancionado recupere el dinero es el abogado Mateo Juan, del bufete Buades. Explica que existe un procedimiento por el que se reclama que se devuelvan ingresos indebidos cobrados por la administración. No es un procedimiento sencillo y «se suele tardar una media de más de dos años para que se resuelva la demanda». El abogado está convencido de que muchos ciudadanos van a renunciar a reclamar el dinero a la administración, porque ello supone contratar a un abogado, presentar una demanda y esperar mucho tiempo a que se resuelva, «sin que se garantice que el juez vaya a darte la razón», señala el abogado. Salvo a algún ciudadano que no le importe contratar a un abogado y gastar más dinero del que puede recuperar, es complicado que se recurran estas sanciones ya pagadas. «Costaría más el pleito que el dinero que se puede recuperar». Sobre las multas todavía impagadas, el abogado también coincide con su compañero en que la administración no las podrá cobrar, porque se trata de sanciones impuestas por desobedecer unas órdenes determinadas en una situación de alarma que ha sido declarada ilegal.

Devolución de oficio

Algo más optimista se muestra el abogado Luis Baena, quien ha recurrido varias de las decisiones adoptadas por el Govern, justificadas como medidas para controlar la oleada de contagios. El abogado confía incluso que sea la propia administración que, de oficio, acuerde que ha cobrado sanciones que son ilegales y, por tanto, decida devolver el dinero. Si no fuera así, el letrado sí cree que puede prosperar una demanda judicial que establezca esta devolución. Sin embargo, también coincide Baena en que muchos ciudadanos optarán por renunciar a la demanda, sobre todo si no son muy elevadas, porque lo más seguro es que el pleito judicial le pueda costar mucho más que el dinero que pagó.

Por otra parte, Vox ha decidido llevar al Constitucional el decreto aprobado por el Govern, por el que pretendía imponer la vacunación forzosa. El Govern anunció que no aplicaría este decreto.

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