Gana David contra Goliat, al menos así lo ha dictaminado un juzgado de Palma que falla parcialmente a favor de la empresa familiar Zea Retail, que alquilaba un local en Son Sant Joan, y en contra de Aena, en el conflicto que mantiene con los arrendatarios, estableciendo que el contrato original entre las partes debe cambiar. Las tiendas pugnan por no pagar los elevados alquileres que marcan los contratos con el gestor aeroportuario por la caída del tráfico a causa de la pandemia. 

La sentencia del juzgado de primera instancia número 5 de Palma, del magistrado Alberto Sánchez del Olmo, «echa por tierra los argumentos de Aena», según se afirma desde la Asociación Española de Operadores Comerciales de Aeropuertos (AEOCA), creada a raíz del conflicto de Aena con sus inquilinos. El juez estima parcialmente la demanda y declara procedente modificar el contrato. 

El litigio se refiere al acuerdo contractual entre Aena y Zea Retail que databa de abril de 2018, por el que la empresa familiar arrendó un local en la zona comercial de la planta cuarta del aeropuerto de Palma. La renta acordada se determinaba con una renta variable en función de las ventas netas en la tienda y otra renta mínima garantizada (RMGA) en caso de que la primera fuera inferior a esta pactada. Ahí radica el problema, con el cierre temporal de este local, como el resto de los comercios, por la pandemia al decretarse el estado de alarma y cerrar los aeropuertos, cayó el flujo de pasajeros. Y la renta mínima garantizada en él resultaba desproporcionada. 

Esa es la realidad de las grandes y pequeñas empresas de comercio minorista en los aeropuertos enfrentadas con Aena. 

La resolución judicial «echa en cara» a Aena que argumente en la causa que no aplica la cláusula rebus sic stantibus (literalmente, mientras duren las cosas), que se utiliza para afirmar que una norma será aplicable siempre que se mantengan las circunstancias para la situación que se dictó. AEOCA advierte que todo ha cambiado, con la cantidad ingente de actos extrajudiciales de la propia Aena para modificar sus contratos de arrendamiento por la crisis. Por ello, el juez señala que «la posición» del gestor es «incongruente». Como con el estado de alarma y la pandemia se redujeron los pasajeros en Son Sant Joan, un 80 %, según la propia Aena, debe primar el flujo real de viajeros. 

Así, mientras las ventas del local, que ya dejó Zea (terminó el contrato el 30 de abril) superaron 1,4 millones de euros en 2019, el año pasado no llegaron a 212.000 euros. La RMGA supuso un 26 % del volumen de ventas antes de la pandemia, mientras en 2020 se disparó hasta el 185 %. Queda clara la reducción «drástica» de los beneficios.