El presidente de la Empresa Municipal d’Aigües i Clavegueram (Emaya), Ramon Perpinyà, negó este miércoles rotundamente  que el vertedero de Son Reus, clausurado en 2008, contamine el acuífero sobre el que se asienta con nueve metales pesados, tal como se desprende de un informe elaborado por el Instituto Geológico y Minero de España (IGME), que fue encargado por la compañía municipal en 2015 y entregado en 2019.

Asimismo, Perpinyà negó que este informe se haya escondido durante todo este tiempo ya que tienen conocimiento de su contenido, al igual que de las analíticas que se están realizando cada tres meses tanto por parte de Emaya como por otras empresas especializadas contratadas, una comisión de seguimiento integrada por técnicos de la conselleria de Medio Ambiente del Govern balear, el Consell de Mallorca, Emaya y la empresa Tirme.

Perpinyà manifestó que, desde que se produjo la clausura del vertedero en 2008, que era utilizado para el depósito de todas las basuras de Mallorca, la empresa municipal se hizo cargo de su mantenimiento

Se realizaron una serie de obras para su sellado seguro, con la instalación de una cubierta impermeabilizada, además de una compleja red para la recogida de lixiviados con la correspondiente depuradora para su tratamiento, además de un sistema de recogida y combustión de las posibles bolsas de gas metano que pueden crearse en el subsuelo y que se produce como consecuencia de la digestión sin aire de la materia orgánica acumulada.

Analíticas trimestrales

Afirmó que como empresa gestora del mantenimiento de estas instalaciones se realizan trimestralmente (la legislación vigente obliga a realizarlos cada seis) muestreos y análisis en distintos puntos del subsuelo y ninguno de ellos ha dado como resultado la presencia de contaminantes en concentraciones superiores a las permitidas

Unas conclusiones que entrarían en contradicción con las del informe del IGME, que indica que entre 2015 y 2019 se han detectado concentraciones por encima del nivel legal de aluminio, arsénico, cadmio, bario, cobre, hierro, mercurio, manganeso, níquel, plomo y zinc.

Perpinyà explicó que, con el fin de dar una mayor seguridad, la empresa municipal encargó en 2015 al IGME un estudio más detallado del acuífero incluyendo más puntos de control y más analíticas de las que se estaban realizando habitualmente por parte de la empresa municipal. Este encargo se entregó a Emaya en 2019. 

Conclusiones no coherentes

Si bien Perpinyà no quiso entrar a valorar la totalidad del informe, que consta de más de 600 páginas y es «sumamente complejo y técnico», manifestó que desde la empresa municipal «no estamos en absoluto conformes con sus conclusiones, entre otras cosas porque no son coherentes con el propio estudio».

El vertedero de Son Reus fue clausurado y sellado en 2008 tras años de recoger la basura de toda Mallorca

En relación a si se ha informado de la posible contaminación a los propietarios de los pozos de la zona que podrían estar afectados, el presidente de Emaya insistió en que lo anterior no ha sido necesario puesto que, insistió, en ningún momento el acuífero ha estado contaminado, al tiempo que recordó que, en este caso, proporcionar esta información no es responsabilidad de la empresa municipal sino de la dirección General de Recursos Hídricos del Govern, cuyos técnicos están presentes en la comisión de seguimiento.

Igualmente, Perpinyà negó que ningún cargo o empleado de Emaya sea investigado en el procedimiento abierto hace desde finales de 2019 por el juzgado de instrucción número 12, en fase de diligencias previas, y aseguró que la empresa, de forma voluntaria, se ha personado en el procedimiento y ha puesto a disposición del juzgado toda la información de la que disponen.

Bunyola pide conocer el estado del acuífero

El ayuntamiento de Bunyola solicitó este miércoles una reunión de urgencia con el presidente de Emaya para conocer de primera mano las conclusiones a las que ha llegado la entidad con la publicación del informe de IGME y las actuaciones que se puedan llevar a cabo. Pese a que Son Reus pertenece municipalmente a Palma, el terreno linda con la localidad bunyolina, por lo que el Consistorio muestra su preocupación ante una posible filtración, que podría afectar a los vecinos residentes en núcleos cercanas.