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ANÁLISIS

Macrobrote de estudiantes en Mallorca: Armengol gana el relato

Con su firmeza en la crisis del macrobrote estudiantil la presidenta del Govern recupera crédito social, aunque el reproche judicial sobre vulneración de derechos fundamentales deja en mal lugar a la izquierda

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Los estudiantes, en el Puerto de Palma para salir hacia la península tras el auto de la juez B. Ramon

Visto el comportamiento y la actitud de algunos de los chavales de viaje de estudios (?) a Mallorca que fueron confinados en el hotel covid de Palma, y de sus monitores de agencias, cabe preguntarse cómo se habría desarrollado este affaire de haber habido profesores al frente. Quizás para el Govern habría sido más fácil controlar el macrobrote tratando con docentes responsables, y todos podríamos habernos ahorrado el vodevil. Pero así funciona ahora el negocio.

La resolución política de la crisis ha desatado euforia en el Consolat, sabedor de que esta vez se ha congraciado el aplauso generalizado de la calle. Se olía nada más ver los miles de likes que inusualmente tuvo un sutil, escueto e inteligente tuit de la cuenta oficial del Govern el pasado lunes, «la salud pública, primero». Por entonces aún no había estallado el revuelo judicial, pero Vox ya intentaba sacar tajada del motín estudiantil. Sin embargo, un ingente clamor silencioso exigía mano dura con los adolescentes, para evitar una mala imagen a la temporada turística emergente; y para frenar un contagio masivo. Al vender que la aplicaba, Francina Armengol ha ganado el relato. Y no era fácil.

No obstante, la letra pequeña deja en mal lugar a un gobierno de izquierdas. «En un Estado de Derecho, la salvaguarda de los derechos fundamentales debe ser el estandarte que a todos nos debe guiar, y las restricciones a los mismos, proporcionadas, necesarias e idóneas», recalca la jueza en su auto autorizando a los jóvenes con PCR negativa a abandonar el hotel Palma Bellver. Le faltó, eso sí, decir qué hacer con los que rechazaban hacérsela.

La magistrada que ha encendido la polémica cogió con el pie cambiado al Govern. Hasta su resolución, el mismo juzgado de lo contencioso-administrativo número 3 de Palma había avalado todas las restricciones dictadas por la conselleria de Salud durante la pandemia, desde el cierre de parques infantiles al aislamiento preventivo de migrantes llegados en patera. Solo que esta vez su titular, el juez y ex Síndico mayor de Cuentas de la Comunidad a propuesta del Pacto, Pere Antoni Mas, está en proceso de jubilación, y en su lugar le tocó resolver a Sonia Martín; una desconocida hasta hoy.

Ante lo insólito de dejar marchar sin control sanitario alguno a casi doscientos jóvenes potencialmente contagiados de covid, alegando que el confinamiento forzoso no estaba bien fundamentado y era desproporcionado, jueces progresistas defienden la solvencia jurídica del auto de Martín. No es el caso de José Castro, que en IB3 sostuvo que «es de imposible cumplimiento», tal y como está planteado.

Otro exjuez, Juan Pedro Yllanes, se mostró sumamente crítico desde su atril de vicepresidente del Govern. Por una vez que ejerce como tal, en ausencia del titular de facto, Iago Negueruela, Yllanes se despachó a gusto contra la jueza, lo que le ha valido más de un tirón de orejas entre sus antiguos colegas en Can Berga. Fue por la dureza de sus manifestaciones -«el auto pone en serio compromiso toda la política sanitaria de España durante este año y medio»- que el viernes salió a morderle la decana Sonia Vidal. Le tenía ganas -«es más político que magistrado»-, aunque haría bien su señoría en no olvidar que su colectivo no está exento de la crítica. En realidad, la tensión entre el Govern y la judicatura balear quedó rebajada tras sendas llamadas de la consellera de Presidencia, Mercedes Garrido, a la propia Vidal y al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Balears, Carlos Gómez, en las que se aclararon los términos.

Garrido salió junto a Yllanes a replicar el auto que desautorizó al Govern, dejando como siempre buenos titulares. Ante el buen resultado de este tándem, Armengol debería repartir juego con otras voces, en lugar de que todo el peso recaiga sobre las espaldas de Negueruela, aunque es quien mejor se maneja con diferencia.

La presidenta, que había cogido las riendas de la crisis estudiantil, alcanzó su apogeo el miércoles por la tarde, con el auto judicial recién salido del horno. Fue la propia Armengol quien tuvo la idea de «hacerles salir en barco a todos de golpe»; mucho mejor que dejarles a su libre albedrío en busca de vuelos a la Península, en un goteo incesante, foco de más contagios. La presidenta organizó la ‘operación salida’ en el ferry burbuja con una gestión telefónica a Adolfo Utor. El presidente de Baleària puso todas las facilidades, de ahí el agradecimiento oficial a la naviera en posterior rueda de prensa.

140 estudiantes cogen el barco rumbo a Valencia

140 estudiantes confinados en Palma llegan al puerto para coger el barco rumbo a Valencia Andrés Martínez

En política da igual quién tiene la razón, importa más quién convence. Mientras maquillaba con pruebas piloto la reapertura segura del ocio nocturno, al Govern se le empezaban a acumular los botellones en el polígono de Son Castelló y la Platja de Palma. Sin ir más lejos, los propios estudiantes han confesado que montaban fiestas en las afueras del parque acuático de s’Arenal ¿Dónde estaba la Policía?

El descontrol masivo en el concierto de reguetón en la plaza de toros fue la puntilla. Abordando con aparente éxito popular la crisis de los estudiantes, y lejos de depurar la menor responsabilidad política, el Ejecutivo ha logrado que se le perdone la permisividad en los desmadres citados, y por contra aparecer como un gestor resolutivo. Armengol recupera crédito en este caso por exhibir firmeza, sorprende cuando siempre lo había ganado por generar empatía.

Los crecientes contagios entre los estudiantes ‘liberados’ por la jueza -catorce dieron positivo nada más desembarcar del ferry en Valencia el jueves-, o el éxito de la vacunación juvenil entre jóvenes baleares (casi 18.000 con la primera dosis y otros 41.000 con cita solicitada en un solo día) han reforzado el argumentario del Govern versus los estudiantes.

Con la mayoría social de su parte (muchos mallorquines han tenido que guardar cuarentena por haber sido contacto estrecho y ven injusto lo acontecido), Armengol puede estar satisfecha. Con todo, el mismo valor que la presidenta ha tenido para capitanear el barco es el que le falta para destituir a Maria Antònia Font, cuestionada desde el inicio de la pandemia. El colofón llegó cuando la directora general de Salud Pública estuvo desaparecida el sábado pasado, con el incipiente macrobrote. Cuando compareció, lo hizo con una resolución que para muchos hace agua. Por ello seguramente Font deberá enfrentarse ahora a serias acusaciones en sede judicial por las denuncias de padres sobre retención ilegal de sus hijos.

Tendrá guasa si los mismos jueces a los que ha denostado el Govern le tienen que hacer finalmente el trabajo a la presidenta.

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