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Sant Joan de Déu deberá aplicar la eutanasia pese a ser un hospital de religiosos

Salud descarta que un centro integrado en el sistema público pueda objetar - La orden propietaria de los centros de Palma e Inca rechaza la prestación

Sant Joan de Déu tiene un convenio con el sistema público de salud. | OHSJD

Los centros hospitalarios de Sant Joan de Déu en Palma y en Inca deberán ofrecer la eutanasia si así lo pide un paciente que cumpla con los requisitos. Pese a que son de titularidad de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, entidad religiosa que se ha opuesto abiertamente a este nuevo derecho, están obligados al estar integrados en el sistema de salud pública de Balears en virtud de un convenio firmado en 2019.

«Forman parte de la red pública y no pueden objetar. La objeción de conciencia es personal, la puede invocar un profesional sanitario, pero no un centro hospitalario», subrayó Nacho García, director general de Prestaciones y Farmacia del Govern.

«Hasta ahora han participado en las formaciones específicas que se han dado a los sanitarios para prestar este derecho. No me consta que haya un rechazo generalizado, aunque los médicos del Sant Joan de Déu pueden objetar como los de cualquier otro centro si no quieren aplicarla», manifestó García.

Consultado por este periódico, el hospital Sant Joan de Déu rechazó informar sobre si atenderá solicitudes de muerte digna, derecho en vigor desde el pasado viernes. «Es un tema del que no hablaremos públicamente», indicó una portavoz de la institución sin ofrecer más explicaciones.

El hospital ubicado en Palma está integrado en el sistema sanitario público de las islas desde 2013. Y en 2019 se firmó un nuevo convenio presupuestado en 354 millones de euros con una vigencia de diez años prorrogables. Aquel mismo año abrió sus puertas el centro de Inca.

El hospital rechazó aclarar si atenderá solicitudes de muerte asistida de los pacientes que cumplan los requisitos

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«Declaramos que acelerar la muerte, ya sea por acción o por omisión de tratamientos y cuidados debidos a cualquier persona al final de su vida o en situación de grave discapacidad, nos parece un daño irreparable que no estamos dispuestos a infringir a nadie», reza parte de un manifiesto publicado la semana pasada por las principales órdenes religiosas que regentan centros sanitarios en todo el Estado, incluida la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios. Asimismo, califican de «error» el hecho de «facilitar una acción suicida o una actuación homicida, aunque sea solicitada y aceptada por el interesado».

Registro de objetores

Por otro lado, García aseguró que cualquier sanitario de las islas que quiera mantenerse al margen del procedimiento ya tiene a su disposición un modelo para rellenar y ser incluido en el registro de objetores. «El Ministerio está trabajando en un documento con las comunidades autónomas que terminará en breve. Pero en Balears los profesionales ya pueden declararse objetores comunicándolo a sus jefes de servicio. El registro es confidencial, pero no anónimo. El profesional tiene que aparecer con nombre y apellidos», explicó el director general de Prestaciones y Farmacia.

García rechazó estimar cuántos sanitarios de Balears se declararán objetores al no disponer de «ninguna referencia válida».

Pueden solicitar esta prestación pacientes mayores de edad que acrediten sufrir una enfermedad grave e incurable en la que haya un pronóstico de vida limitado. O bien sufrir una patología crónica o invalidante.

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