El poder judicial ha salido hoy a defenderse de los ataques del Govern por la decisión de levantar el aislamiento de la mayoría de jóvenes peninsulares confinados en el hotel covid. Lo ha hecho a través de la jueza decana de Palma, Sonia Vidal, que ha pedido «respeto» para las decisiones judiciales y ha descargado toda la responsabilidad en el Ejecutivo por no justificar debidamente las razones para considerar a cada uno de los estudiantes como contacto estrecho de un caso positivo. «El problema no viene por la resolución judicial. Si el Govern hubiera dado la información que se le pidió, probablemente la decisión sería distinta. Era tan sencillo como dar respuesta a lo que se pedía», ha sentenciado Vidal.

La jueza decana de Palma, en una comparecencia en la sede del Tribunal Superior de Justicia de Balears, jha señalado que «las decisiones judiciales pueden gustar o no, pero en cualquier caso deben ser respetadas». Vidal, tan suave en el tono como dura en el fondo, considera que «el problema no viene por la resolución judicial» y atribuye la revocación del confinamiento a los defectos en la resolución de la directora general de Salut Pública, Maria Antònia Font, firmada el domingo de madrugada para decretar el confinamiento forzoso bajo custodia policial en el hotel covid de 235 turistas en viajes de estudios que estaban alojados en siete hoteles de s’Arenal como respuesta al macrobrote exportado desde Mallorca a ocho comunidades autónomas que ha dejado cientos de infectados.

Vidal ha explicado que esta decisión suponía limitar un derecho fundamental y, por tanto, «debe ser motivada, explicando a quién confina y por qué». La jueza de lo contencioso administrativo, señaló la decana, consideró que la resolución del Govern «era excesivamente genérica» y optó por pedir al Ejecutivo más datos, un trámite «de sentido común y buena fe» al que no estaba obligada porque no «está previsto expresamente en el procedimiento».

Ha señalado que en estos casos «hay que ponderar la salud pública y los derechos fundamentales y se requiere una mínima motivación». A juicio de Vidal, esa argumentación para considerar contactos estrechos de un caso positivo a todos los estudiantes no se produjo. «Era tan sencillo como dar respuesta cumplida a lo que se pedía. Y no se cumplió. Eso impidió poder adoptar la decisión que se hubiera querido adoptar. Si se hubiera dado la información, probablemente la decisión sería distinta», ha aventurado.

La jueza decana ha recordado que la propia normativa del Govern permite el confinamiento obligatorio de quien no quiere hacerlo voluntariamente, pero ha insistido en que la decisión debe ser justificada. «El Govern puede volver a hacer lo mismo. Si la resolución es motivada, no hay inconveniente. Podría hacerlo ahora mismo», dijo.

Respecto a las críticas vertidas por el vicepresidente del Govern y juez en excedencia, Juan Pedro Yllanes, que acusó al auto judicial de «poner en peligro la política sanitaria de todo el país», Vidal ha replicado que «bastaba con dar una pequeña explicación» para justificar el confinamiento forzoso delos estudiantes. «[Yllanes] es más político que magistrado», ha aseverado Vidal, que considera que sus palabras son «como miembro del Govern y no de la judicatura».