Las fuertes tensiones acumuladas durante una semana de vértigo por el macrobrote estudiantil han provocado un profundo cisma institucional tras el auto que desautoriza al Govern. La airada reacción del Ejecutivo, con la presidenta Armengol a la cabeza señalando que la magistrada «va en contra de la salud de todos», ha causado «incredulidad» en la judicatura. No se recuerda una respuesta de este calibre a una resolución, a la que las asociaciones de jueces estudian responder oficialmente. Mientras desde el Consolat consideran que la decisión echa por tierra toda la estrategia contra el coronavirus, en los tribunales apuntan que el Govern ha sobreactuado con un confinamiento indiscriminado de los jóvenes para salvar la imagen exterior ante el macrobrote.
La presión que ha saltado ahora fue en aumento al más alto nivel, salpicando a las plantas nobles de la Policía, la Guardia Civil y la delegación del Gobierno, desde que a finales de la semana pasada se detectó que Mallorca estaba exportando el virus a toda España por los viajes de estudios. El caótico concierto en la plaza de toros de Palma del 15 de junio y los macrobotellones tolerados en s’Arenal de aquellos días habían sido una bomba de relojería: los contagiados tras su paso por la isla rozaban el millar. Alarmados por una crisis grave en los albores de la temporada turística, desde el Govern se decidió aislar a casi 300 chicos que estaban en siete hoteles de la Platja de Palma, considerados contactos estrechos de personas infectadas.
El sábado de madrugada, la Policía y la Guardia Civil recibieron una «orden verbal», explican fuentes policiales, para llevar a los estudiantes desde sus hoteles al Palma Bellver para aislarlos y realizar un cribado masivo. Los agentes se toparon con una oposición en masa: muchos se negaron al traslado y decenas trataron de irse de Mallorca cuanto antes sin prueba diagnóstica ni cuarentena. Ante el motín generalizado y la presencia de varios menores de edad, policías y guardias civiles temieron problemas legales y pidieron una orden por escrito. La inacción de la directora general de Salut Pública, Maria Antònia Font, se prolongó durante toda la jornada y solo 33 chicos pasaron aquella noche en el hotel covid. No fue hasta la madrugada del domingo cuando Font firmó una resolución que ordenaba el «confinamiento forzoso bajo custodia policial» de 235 estudiantes, amparado en nueve textos legales. Una orden que agilizó el traslado y pareció calmar los ánimos.
Policía y Guardia Civil pidieron una orden escrita ante las dudas que generó el traslado de los estudiantes
Pero nada más lejos de la realidad. Mientras el Govern consideraba que la resolución era «impecable», en palabras del vicepresidente Yllanes el pasado lunes, los padres de varios de los estudiantes confinados emprendieron acciones legales, con una denuncia por detención ilegal y 103 peticiones de habeas corpus al juzgado de guardia, que fueron desestimadas mientras el juzgado de lo contencioso administrativo examinaba la petición del Govern para ratificar el confinamiento.
En los tribunales empezaron a surgir serias dudas sobre la proporcionalidad de la medida. No se veía claro por qué Salut consideraba contactos estrechos a todos los estudiantes, una decisión «demasiado genérica», según Fiscalía. En el Govern confiaban en haber aportado documentación para justificarlo, pero erraron. La jueza revocó el miércoles el aislamiento de los 175 chicos que habían dado negativo por falta de justificación para retenerlos. Entiende que no se ha acreditado por qué se les calificó de ‘contacto estrecho’.
En el Ejecutivo el auto cayó como un jarro de agua helada. Ante el duro revés, Armengol y varios de sus consellers salieron en tromba, a través de las redes sociales, a cuestionarlo con dureza. «Va contra la salud de todos y el criterio científico que tantas vidas ha salvado. Amenaza la salud colectiva», escribió la presidenta. «Pone en peligro la política sanitaria de todo el país», dijo el vicepresidente Yllanes, que anunció un recurso. El perfil oficial del Govern afirmaba que la jueza «pone en cuestión la estrategia de todas las comunidades autónomas contra la covid». Unas palabras que en los juzgados han sonado a grave acusación más que a crítica y que hoy podrían tener respuesta oficial, tanto desde las asociaciones de jueces como a través de las autoridades judiciales.
Mientras tanto, el Govern se dirigió ayer de nuevo a la jueza que ha revocado el confinamiento para preguntarle qué hacer con los al menos nueve ‘liberados’ que han dado positivo tras su auto, confiando en que autorice a mantenerlos bajo aislamiento junto al resto de infectados.
