Algunos de los estudiantes que han permanecido confinados desde el domingo en el hotel Covid salieron ayer del establecimiento a partir de las siete de la tarde, horas después de conocer que la jueza había anulado la medida sanitaria impuesta por la conselleria de Salud. Pueden marcharse 175 jóvenes, mientras que los 74 que están contagiados deben seguir confinados en el hotel.
El Govern salió ayer tarde, a través del vicepresidente Yllanes y la consellera Garrido, para anunciar que se va a acatar la decisión de la jueza, aunque «se discrepe» de la resolución judicial, que va a ser recurrida ante el TSJB. «El auto va en contra del bien jurídico protegido, como es la salud pública», señaló Yllanes, que afirmó que la decisión judicial beneficia a los 175 estudiantes que han dado negativo en las pruebas de contagio, pero pone en «peligro la salud de los otros 1,2 millones de ciudadanos que viven en Balears».
La decisión judicial, que derriba la estrategia sanitaria que impuso el Govern ante el contagio masivo de los estudiantes en este viaje de fin de curso, obligó al Ejecutivo a buscar una solución que no estaba prevista. Garrido habló ayer de realizar «un último esfuerzo para salvar la salud pública de Balears y del resto de las comunidades autónomas», ya que existe el peligro de que estos jóvenes puedan estar contagiados y puedan extender el virus por su ciudad de origen. Para que este escenario de contagio no se produzca, el Govern intentó ayer, aunque no lo logró en todos los casos, que los estudiantes terminen la cuarentena en el hotel Covid. Y la otra posibilidad que se les ofreció es que la pasada noche durmieran en el hotel y que esta mañana suban a un barco, fletado por el Govern, que les trasladará hasta Valencia. Una vez allí serán atendidos y trasladados a sus respectivas ciudades. Este traslado lo pagará el Govern y los adolescentes no tendrán ningún tipo de contacto ni con la tripulación ni con el resto del pasaje. Al llegar a puerto, se someterán a una prueba PCR.
«La decisión de la jueza pone en peligro la política sanitaria de todo el país»
Mercedes Garrido hizo un llamamiento a la responsabilidad de estos adolescentes y sobre todo les pidió que si se iban del hotel, que no socializaran con el resto de ciudadanos y que no utilizaran para nada el transporte público. «Si han sido responsables para venir a Mallorca para divertirse, que también lo sean para evitar que el resto de la población se contagie», señaló la consellera, que al mismo tiempo explicó que la mitad de un grupo de jóvenes que regresó a Galicia han vuelto infestados. «La enfermedad no se manifiesta en el primer momento», recordó la consellera, que apuntó que ayer mismo se habían detectado otros siete positivos entre los jóvenes hospedados en el hotel Covid.
Aunque con respeto, el vicepresidente Juan Pedro Yllanes se manifestó con contundencia al defender su discrepancia con la decisión de la jueza del juzgado de lo contencioso. «El auto pone en peligro la política sanitaria de todo el país». El vicepresidente hizo hincapié en un aspecto que consideró especialmente grave de la resolución judicial, y es que «la jueza permite que no se pueda exigir a un ciudadano que se someta a una prueba PCR».
«Si han sido responsables para divertirse, que lo sean también para no contagiar»
Si bien Yllanes se mostró esperanzado en que el recurso que ha planteado el Govern prospere en el Tribunal Superior, dejó bien claro que si se produce un nuevo contagio masivo con algún grupo de turistas, el Ejecutivo autonómico va a actuar de la misma manera que lo ha hecho con estos adolescentes que celebraron en Mallorca el fin de curso. «No existe un plan B, se actuará de la misma manera, porque para el Govern la salud pública sigue siendo una prioridad. La decisión que se adoptó es legal y se ajusta a la realidad social de Balears, que lleva mucho tiempo esforzándose para controlar los contagios».
Garrido, por su parte, reconoció que la única forma que tiene el Govern para evitar que estos chicos se marchen del hotel es «convencerles», porque la decisión de la jueza les deja sin herramientas jurídicas para obligarles a seguir confinados. «Hay que apelar a su responsabilidad para evitar que puedan contagiar y poner vidas en peligro», señaló.
