El Consell de Mallorca acordó ayer en un pleno extraordinario reinterpretar el contrato con la concesionaria del servicio de eliminación de residuos de obra con la finalidad de bajar las «elevadas tarifas». De esta forma, el Consell pretende acatar un auto del Tribunal Superior de Justicia que le ordena revisar las tarifas de los años 2010, 2011 y 2012 en base a una demanda interpuesta por la concesionaria Mac Insular. Lo que ocurre es que esta decisión supone un nuevo enfrentamiento con Mac en la guerra abierta que desde hace años mantiene la institución insular con la empresa de los escombros.
Mac Insular, tal y como adelantó ayer este periódico, considera que esta interpretación supone «una modificación con carácter retroactivo de la concesión y ello es ilegal». Ante esta situación, en el pleno de ayer, los grupos de la oposición se abstuvieron para evitar las consecuencias penales por la decisión. El portavoz del PP, Llorenç Galmés, pidió la votación nominal, uno a uno de los consellers, por este motivo. No obstante, la presidenta insular, Catalina Cladera, se negó a ello.
El argumento de Galmés vino a consecuencia de que los servicios jurídicos del Consell trasladaron la decisión de interpretar el contrato al pleno, cuando hasta la fecha se había decidido en el consejo ejecutivo.
Esta batalla se remonta a una demanda interpuesta por Mac Insular en 2014 donde reclamaba que el Consell le abonara las pérdidas de nueve millones anuales que provocaba la baja entrada de escombros en el sistema. Reclamaba unos 30 millones de euros de esos años y alegaba que todo se debía a que la institución insular no actuaba contra los vertidos de escombros ilegales. La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Balears libraba al Consell de pagar los 30 millones, pero obligaba a revisar las tarifas en favor de la concesionaria. Un auto del mismo tribunal del pasado mes de mayo da dos meses al Consell para hacer efectiva la sentencia y revisar estas tarifas.
La nueva interpretación del contrato deberá pasar por un dictamen del Consell Consultiu, que tiene dos meses para emitirlo. En función de lo que dictamine el informe del alto órgano jurídico, el Consell de Mallorca decidirá si emprende acciones legales contra la concesionaria para reclamarle deficiencias de ejercicios anteriores y, acto seguido, rebaja la tarifa. El Consell mantiene que la concesionaria ha incumplido el plan económico y financiero.
