El taxi exige un control permanente contra los piratas en el aeropuerto de Palma
El Govern presenta su plan para evitar que entren Uber o Cabify en Balears
La impunidad con la que la oferta de microbuses ‘piratas’ está actuando en el aeropuerto de Palma ha llevado a los taxistas a reclamar al Govern que implante con carácter permanente un sistema de vigilancia en Son Sant Joan, petición que fue presentada el pasado día 18 en una reunión con los responsables de la conselleria de Movilidad, según señaló el presidente de la asociación sectorial de PIMEM, Gabriel Morgues. De momento, desde la Conselleria se reconoce que está en estudio reforzar los controles a partir de julio.
El dirigente de esta organización de taxistas indicó que la oferta de transporte ‘pirata’ en las instalaciones aeroportuarias no solo está siendo muy intensa, sino que además parece más organizada que en años anteriores. Para empezar, y dado que la llegada de visitantes sigue siendo escasa, Moragues señaló que los que actúan irregularmente han organizado un sistema de turnos para captar a sus clientes. Además, afirmó que se han fijado tres filtros para conseguir a estos últimos, uno de ellos dentro del edificio de Son Sant Joan (lo que se ha denunciado también a Aena), otro en las salidas y un tercero en las proximidades de la parada de taxis.
Aunque la conselleria de Movilidad ya ha activado el dispositivo de vigilancia que se pone en marcha durante la temporada turística, el presidente de Taxis-PIMEM aseguró que los ‘piratas’ tienen perfectamente identificados a los inspectores y controlan su llegada, momento que aprovechan para desaparecer hasta que éstos se marchan, para a partir de ahí volver a actuar con total impunidad en su captación irregular de clientes.
Cambio de estrategia
Por ello, Gabriel Moragues reclamó al conseller y al director general de Movilidad, Josep Marí y Jaume Mateu respectivamente, durante la reunión que ambas partes mantuvieron el día 18, un cambio de estrategia. Dado que la cifra de vehículos a inspeccionar en las carreteras de Mallorca se ha reducido en relación a los años previos a la pandemia, debido a que muchos autocares turísticos todavía no han comenzado a circular, lo que se solicita es que se organicen turnos de inspectores para que la vigilancia en el aeropuerto de Palma tenga un carácter permanente y siempre haya uno en la zona.
El director general de Movilidad señaló que por ahora el dispositivo que está en marcha es similar al de otros años, pero admitió que se está analizando la posibilidad de reforzar la presencia de inspectores a partir de julio, y de volver a enviar personal de la Conselleria de incógnito, algo que esta temporada todavía no se ha hecho.
El temor es que la caída de ingresos que registra el sector del taxi eleve la tensión y termine favoreciendo los enfrentamientos entre este colectivo y el de los microbuses que actúan al margen de la legalidad, como ya sucedió hace algunos años.
Gabriel Moragues afirmó que la actividad ‘pirata’ se está intensificado debido a las bajas tarifas que las agencias que antes les contrataban a estos microbuses están dispuestas a pagar en estos momentos.
Nueva normativa sobre VTC
La petición de intensificar la vigilancia en el aeropuerto fue presentada por los taxistas durante un encuentro convocado inicialmente para que la Conselleria les presentara el borrador de los cambios que pretende aplicar sobre los vehículos de alquiler con conductor (VTC), ante el temor de que las nuevas licencias que se están tramitando puedan desembocar en la implantación en las islas de modelos de negocio como los de Uber y Cabify.
Gabriel Moragues adelantó que una de las novedades que se quiere incorporar, aprovechando el denominado Decreto Ábalos, es prohibir que los coches con licencia de VTC puedan trabajar fuera de la isla que tienen asignada, evitando así, por ejemplo, que cientos de vehículos con licencia en Eivissa puedan desembarcar en Mallorca una vez concluido el verano, por poner un ejemplo. Hay que recordar que los que llegan desde otras autonomías ya tienen limitada su actividad en el archipiélago a un 20% de su jornada anual. Según el presidente de Taxis-PIMEM, esta reforma puede ser fundamental a la hora de evitar tensiones.
Otro punto que está sobre la mesa es que la renovación de los vehículos VTC deba realizarse con coches híbridos, otorgando algunos años de margen para la aplicación de esta medida, cuyo objetivo es reducir la emisión de dióxido de carbono.
También se quiere implantar la prohibición de que los VTC dispongan de geolocalización para sus clientes a través de una aplicación para móvil, lo que se sumaría a la exigencia en vigor en estos momentos de que su contratación tiene que realizarse con una antelación de 30 minutos y no puede hacerse en la vía pública, con el fin de evitar que su forma de trabajar suponga una competencia desleal para el taxi.
La preocupación del Govern se debe a que el Tribunal Supremo exigió recientemente que se reinicie la tramitación de 225 nuevas licencias de VTC que se habían denegado en el archipiélago, lo que se ve como un riesgo de que por esta vía se implante el modelo desarrollado por las plataformas Uber o Cabify.
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