Los diferentes departamentos del Govern han rescindidos contratos públicos adjudicados mediante concurso por incumplimiento de las empresas, pese a que estas habían alegado la situación del estado de alarma por la pandemia de la covid-19. Para ello ha necesitado el aval del Consell Consultiu. Los dos primeros son dos promociones de viviendas oficiales en Menorca y el tercero es la contratación de los ‘stands’ para las ferias turísticas.
En los tres casos el Consultiu ha dado el visto bueno al Ejecutivo autonómico y ha llegado a la conclusión de que se podían liquidar los contratos pese a la situación derivada de la pandemia y sin el amparo del Real Decreto 8/2020, que establecía que ante el estado de alarma los contratistas podían solicitar la suspensión temporal y prórroga de los contratos donde se demuestre un efecto derivado de la pandemia.
El caso del contrato de las ferias turísticas es el que ofrece más controversia para el Consultiu, pese a dar su visto bueno a la resolución. El 25 de octubre de 2019, la conselleria de Modelo Económico y Turismo decide prorrogar el contrato a la empresa Gecom para el servicios de construcción alquiler, montaje, desmontaje, mantenimiento de los ‘stands’ de Baleares para la participación en ferias turísticas nacionales e internacionales para el año 2020. El importe de la adjudicación era de 1,1 millones de euros. En abril de 2020 la empresa adjudicataria, ante la suspensión de las ferias por la pandemia, pide una suspensión temporal del contrato hasta que se normaliza la situación sanitaria.
El presidente de la Agencia de Estrategia Turística de les Illes Balears (AETIB), en este caso el conseller de Modelo Económico Iago Negueruela, acepta la suspensión temporal. Sin embargo, en noviembre del pasado año decide liquidar el contrato, alegando que «las circunstancias excepcionales que estamos sufriendo con la covid-19 han hecho que la asistencia a ferias internacionales de turismo se están cancelando y otros recintos feriales proponen un formato virtual», según reza el dictamen del Consultiu. Por ello, el Govern considera que pasar de formato presencia a virtual supone una modificación sustancial del contrato y decide rescindirlo. La adjudicataria se niega, apuntando que no hay constancia de que las ferias se realicen en formato virtual y recuerda que esta resolución del Ejecutivo balear les provocará «pérdidas irreparables».
El Consultiu acepta los argumentos de Turismo de que se trataría de una modificación sustancial, establece una indemnización de 94.000 euros, pero advierte que «anclar una causa de resolución en un principio general entendemos que va en contra de otros principios que son sagrados en materia de contratación, como el de inmutabilidad de contrato».
Contratos del Ibavi
Por otra parte, el Ibavi también ha liquidado dos contratos de promociones de viviendas sociales donde el contratista arrastraba un importante retraso en la ejecución de las obras y lo achacó a la situación creada por la covid-19. Uno de ellos hace referencia a la construcción de 18 viviendas de protección pública, locales y aparcamientos en Maó. El proyecto fue adjudicado a la empresa Proyecom Galicia por un importe de 1,8 millones y las obras empezaron en mayo de 2019. Informes técnicos del Ibavi señalan que en noviembre de ese año la obra ya experimentaba retrasos de 90 días y se le advirtió de la posibilidad de rescisión del contrato. Ante esta situación, el contratista presentó un escrito en marzo de 2020 donde alegaba que se han producido modificaciones urbanísticas y solicita indemnizaciones por los sobrecostes producidos.
Un mes más tarde reclama la suspensión temporal del contrato y la realización de un nuevo plan de obra y de medidas sanitarias a raíz la covid-19. El Ibavi rechaza esta propuesta y decide rescindir el contrato. El Consultiu avala este argumenta y señala que los «incumplimientos del contrato son imputables al contratista».
El segundo contrato del Ibavi rescindido hace referencia a un edificio de 40 viviendas tuteladas y un centro de día, también en Maó. Estaba adjudicado a la misma empresa que el anterior y la adjudicataria pidió la suspensión temporal alegando los efectos de la covid-19 tras la declaración del estado de alarma. El Consultiu considera ajustado a derecho la liquidación del contrato «al existir una voluntad deliberada y obstructiva de no ejecutar la obra por parte de la constructora».
Varapalo a Andratx
No obstante, el órgano jurídico da la razón a la concesionaria de los servicios de playa de Andratx, Es Gallicant de Campos. El contrato estaba ligado a la explotación de las hamacas pagando un canon anual al Ayuntamiento. La empresa pide suspender de forma temporal el contrato ante la imposibilidad de realizar el servicio por la covid, pero el Consistorio le reclama el pago del canon e inicia el procedimiento de rescisión. El Consultiu resuelve que el incumplimiento no es culpa del contratista y desautoriza la rescisión de la concesión municipal.
