Gabriel Garcías, profesor de Derecho Penal de la UIB y abogado en ejercicio, domina como pocos los requisitos legales para pedir el indulto de un condenado. Recuerda de memoria los artículos más importantes de esta ley, que fue aprobada en junio de 1870, porque ha tenido que recurrir a ella en muchas ocasiones para intentar que algún cliente, que ha sido condenado, pueda evitar ingresar en prisión. Sin embargo, la realidad es que son muy pocos los indultos que se conceden, aunque son miles los que se tramitan cada año.
El profesor de Derecho considera que, a su juicio, el indulto general que se pretende otorgar a todos los políticos condenados por los incidentes del procés «responde a una razón política, no a una motivación jurídica». Cuestiona Garcías que estos condenados puedan conseguir esta medida de gracia en una tramitación que apenas se va a prolongar, como mucho, unos dos meses. En cambio, cuando se trata de un preso común, que espera que se le conceda el indulto, la respuesta se demora «entre tres y cuatro años».
Garcías explicó que aunque esta ley se aprobó en el siglo XIX, desde entonces ha sufrido algunas modificaciones. La más importante de ellas es que esta normativa se integró en el Código Penal.
Explicando los detalles, el prestigioso abogado explicó que no es necesario que el acusado tenga que estar en prisión mientras se tramita su indulto. Eso sí, se requiere que se encuentre a disposición del tribunal y debe permanecer en el mismo término judicial donde fue condenado. Es decir, según este artículo, los presos del procés deberían permanecer en Madrid, ya que fueron juzgados y condenados por el Tribunal Supremo, aunque la mayoría de ellos se encuentren recluidos en cárceles de Cataluña.
Otro requisito importante que destaca el abogado es que el condenado no cuente con antecedentes penales anteriores, o en todo caso, que estos antecedentes estén cancelados.
Garcías detalló también que con el indulto, que puede ser total o parcial (depende de cada caso) no desaparecen los antecedentes penales del condenado. Solo desaparecerían en el caso que se le aplicara una amnistía. Es decir, «con la medida de gracia se consigue borrar la pena, pero no sus efectos», un detalle que el jurista considera que se debe tener muy en cuenta.
El profesor aclaró también que no se puede aplicar un indulto general, porque la ley no lo contempla, por lo que se debe valorar caso por caso. Y si bien la ley no señala específicamente que el condenado debe mostrarse arrepentido por lo que cometió, sí se exige que esta persona esté llevando una vida ejemplar, lejos del delito. Por ello, a Garcías le llama la atención que a estos políticos catalanes se les pueda conceder esta medida excepcional, cuando han dicho públicamente que no se arrepienten y que seguirán luchando por la independencia.
Criterio del tribunal y del fiscal
También explicó que en la totalidad de los indultos que ha solicitado para sus clientes condenados, el Gobierno tiene muy en cuenta el criterio del tribunal y el del fiscal. «Si el tribunal que ha dictado la sentencia se opone a esta medida es prácticamente imposible que el indulto se acepte», señaló el jurista.
Sin embargo, en el caso de los políticos del procés el indulto está prácticamente decidido, a pesar de que el Tribunal Supremo que condenó a los independentistas se ha mostrado en contra de que se les conceda. Por esta razón, el abogado tiene claro que en este caso «no se discuten argumentos jurídicos, sino que detrás hay razones jurídicas». De hecho, Garcías tiene claro que el Gobierno va a utilizar la figura del indulto para poder seguir negociando de una manera más fácil con las autoridades de Cataluña. Sin embargo, considera que si el Ejecutivo apuesta por indultar a los políticos condenados, «se pueden producir situaciones de desigualdad con delincuentes comunes, que arrastran una problemática muy particular, que también van a querer el mismo trato y solicitarán que se les indulte».
En cualquier caso, Gabriel Garcías afirma que el indulto a los políticos puede ser anulado por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, siempre y cuando la decisión sea recurrida.
