Educación rechazó ayer hacer valoraciones sobre la investigación judicial en la que están imputados un inspector de la conselleria, Miguel Ángel Tirado, y la directora del IES Arxiduc Lluís Salvador, Margalida Ramis. Ambos están citados a declarar por la jueza el próximo día 30 para responder por un posible delito de prevaricación en el ejercicio de sus responsabilidades públicas.

La conselleria que dirige Martí March justificó su silencio argumentando que la causa está judicializada. Tampoco informó de si el inspector imputado seguirá desarrollando sus funciones mientras se prolongue la investigación judicial.

El caso se originó en una denuncia del exsecretario del centro, que en julio de 2018 fue relevado de su cargo como responsable de las cuentas del instituto. Acusa a la directora de haberle cesado saltándose el procedimiento, que incluía proponerlo a través de la conselleria y no de manera unilateral.

En todo caso, lo que podría representar una mayor gravedad para los investigados es una posible falsificación documental en el cambio de titularidad de la cuenta del instituto que, según denuncia el exsecretario, Ramis hizo el mismo día del despido de manera irregular porque era imprescindible su autorización, máxime teniendo en cuenta que el cese aún no había sido formalizado.

El inspector investigado era conocedor del caso, pero no han trascendido los detalles de su imputación. El exsecretario denuncia que la conselleria inspeccionó en su día los hechos y no constató nada punible.