El largo y complejo juicio contra los exejecutivos de Sa Nostra esta tarde ha quedado visto para sentencia, después de escuchar los contundentes alegatos de los abogados de la defensa, que niegan que se cometiera delito alguno en la gestión de la ya desaparecida caja de ahorros. Los tres principales acusados, Pere Batle, Pau Dolç y Rafel Oliver, que están acusados de un delito de apropiación indebida, hicieron uso del turno de la última palabra y lo hicieron para defender su inocencia y, sobre todo, para reiterar que siempre actuaron en defensa de la caja de ahorros.
Pere Batle, el histórico director general, dijo que no se arrepentía de haber embarcado al empresario Martín Gual, ya fallecido, en el proyecto de Son Bordoy, porque consideraba que se trataba de la mejor solución para salvar los activos del banco, invertidos en este solar, cuyas sociedades propietarias estaban en dificultades económicas. Se quejó de que este proceso haya supuesto un ataque a la honorabilidad de todos los ejecutivos de Sa Nostra y afirmó que no se arrepiente de haber buscado una solución para intentar salvar los intereses de la caja de ahorros, aunque después esta operación inmobiliaria fracasara.
Casi en idénticos términos, aunque de un modo más amplio, se expresó su sucesor como director general, Pau Dolç, que explicó que tenía solo 20 años cuando entró a trabajar en la caja y que ha dedicado toda su vida en defenderla. El exejecutivo negó que hubiera existido un concierto con Martín Gual para proteger sus empresas con préstamos que nunca se devolvieron, e insistió en que en el momento en el que se impulsó esta operación con el constructor la situación económica de la caja de ahorros no era caótica. «Nos dicen las acusaciones que lo correcto hubiera sido no hacer nada para salvar Son Bordoy, pero lo que hicimos fue lo contrario para proteger los intereses de Sa Nostra», insistió el exdirector general. Dolç fue muy duro con la actuación del Sareb, al asumir el préstamo de Son Bordoy, afirmando que esta gestión ha provocado graves pérdidas, ya que si el activo se hubiera mantenido en Sa Nostra se hubieran obtenido beneficios.
Rafel Oliver reiteró que nunca actuó para conseguir un beneficio personal. Precisamente, las defensas previamente habían defendido que no existió delito en la operación con Martín Gual. Los letrados Eduardo Valdivia, Llorenç Salvà y Jaime Campaner coincidieron en atacar el relato de las acusaciones, al afirmar que no se ha demostrado en qué momento los exejecutivos de la caja de ahorros cometieron el delito por el que se les acusa. Afirman que los directivos buscaron una solución para salvar los activos.
Operaciones tras dejar la caja de ahorros
Los abogados defensores denunciaron ayer en sus informes que las acusaciones les intentan implicar en operaciones de préstamo que fueron aprobadas cuando los tres directivos ya no trabajaban en la caja de ahorros. Fueron préstamos concedidos a Martín Gual, para contribuir al proyecto de Son Bordoy, que fueron aprobados por BMN. Cuestionaron que la entidad que absorbió a este banco actúe ahora como acusación particular y les reclame el dinero que no fue prestado por los acusados.
Las defensas también fueron muy contundentes con los informes de los peritos, al considerar que incluían muchos datos erróneos que pueden llevar al tribunal a la confusión. Insistieron, además, en que la operación con Martín Gual no fue una mala decisión, ya que este constructor consiguió una autorización para construir 750 viviendas en esta finca situada en el barrio del Molinar.
