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Fiscalía responsabiliza a los exdirectivos de Sa Nostra de provocar su quiebra

Les imputa un delito de apropiación indebida y pide que vayan a la cárcel

Juicio a la cúpula de Sa Nostra

Juicio a la cúpula de Sa Nostra

 Las acusaciones han responsabilizado esta mañana a los exdirectores generales de Sa Nostra, Pere Batle y Pau Dolç, junto al director de Invernostra, Rafel Oliver, de ser los responsables directos de la quiebra de la histórica caja de ahorros de Baleares y su posterior desaparición como entidad financiera.

La fiscalía ha presentado esta mañana su informe en el juicio que se celebra en la Audiencia Nacional. Acusa a los antiguos directivos bancarios de un delito de apropiación indebida, relacionado con la operación con el desaparecido empresario Martín Gual, al que convencieron para que participara en la compra, financiada por Sa Nostra, de los terrenos de Son Bordoy, que eran propiedad de dos empresas en peligro de quiebra. Por este delito se les reclama a cada uno de estos tres acusados una pena de cuatro años de prisión. Además, también se acusa de este delito, aunque con una pena inferior, al ejecutivo de Martín Gual, el técnico Javier Collado, quien se encargó del proyecto para lograr el cambio de calificación urbanística de este solar de Palma.

En su informe, la fiscal acusó a los directivos bancarios de haber incumplido las normas básicas que se establecían en los estatutos de Sa Nostra, en los que se les obligaba a actuar con prudencia a la hora de aceptar prestar dinero. Afirma la acusación que todos los directivos conocían que estaban actuando ilegalmente al impulsar la operación de Martín Gual, porque sabían, porque así se indicaba en los informes del departamento de riesgos, que la situación económica de este empresario era difícil y por tanto no existía una garantía de que pudiera devolver el dinero, como así ocurrió. El Ministerio Fiscal asegura también que el Consejo de Administración de Sa Nostra, el último órgano en aprobar la autorización para llevar a cabo las operaciones, en realidad estaba manejado por los directores generales, que decidían los préstamos antes de conseguir la autorización del consejo. “La aprobación del Consejo de Administración era una formalidad, pero la decisión ya estaba decidida previamente”, aseguró en su informe.

La fiscalía rechaza que el préstamo concedido a Martín Gual responda únicamente a un negocio que salió mal y se perdió el dinero, sino que había un interés particular de los ejecutivos de la caja de ahorros para implicar al empresario en esta operación, para maquillar la real situación económica de Sa Nostra. Asegura la acusación que los directivos de este nivel de responsabilidad deben conocer la directiva bancaria, que prohíbe estas operaciones de tanto riesgo, por lo que acusó a Batle, Dolç y Oliver de no “haber cumplido las más mínimas normas básicas” e insistió en que “esta operación no se debió aprobar jamás”.

Comentó también en su informe el recorrido que realizó el dinero que se prestó a Martín Gual, para financiar el proyecto de urbanización de Son Bordoy, ya que una parte del préstamo se desvió a cuentas que el empresario tenía en Suiza y en Sudamérica. También cuestionó que esta operación, por la que se invirtió cerca de 60 millones de euros, se realizara sin tener una valoración oficial de los terrenos, ni de los bienes que se compraban a Martín Gual, en forma de terrenos, que el empresario exigió que se compraran a cambio de su entrada en la operación. Y en este sentido, la acusación mantiene que los terrenos que se compraron con dinero de Sa Nostra estaban sobrevalorados.

La Abogacía del Estado, como acusación particular, también imputa un delito de apropiación indebida a los tres antiguos directivos de Sa Nostra, así como al exempleado de Martín Gual. La letrada mantuvo que existió un concierto previo entre los ejecutivos que gestionaban la caja de ahorros con Martín Gual para prestarle este dinero, pese a que se conocía la insolvencia económica de sus empresas. “Batle y Dolç debían velar por los intereses de la caja de ahorros y no lo hicieron”. La Abogacía del Estado insistió también en que Sa Nostra, como otros bancos, tuvo que ser rescatada por el Frop, financiado por el Estado, que tuvo que inyectar dinero para evitar la quiebra del sistema financiero, y que una de las operaciones que precisó este rescate fue la inversión con Martín Gual. Esta acusación reclama a los directivos una indemnización económica de 114 millones de euros, muy superior a la que pide la fiscalía.

Por su parte, Caixabanc, el último banco que ha absorbido a Sa Nostra, también pide cárcel para los antiguos directivos de la caja de ahorros. Su letrada fue muy contundente con los acusados y afirmó que esta operación de financiación con Martín Gual no tenía ninguna explicación económica, sobre todo teniendo en cuenta que se realizó en plena crisis económica. La acusación afirma que existió un concierto entre los acusados y el empresario, con el objetivo de “mantener oculto el deterioro patrimonial de Sa Nostra”. También criticó la formación de los integrantes del Consejo de Administración de la caja de ahorros, que era el último órgano ejecutivo encargado de aprobar los préstamos. La letrada afirmó que era fácil para los ejecutivos influir sobre estos consejeros, dado que ninguno de ellos tenía una formación académica en temas económicos y no entendían el alcance de algunas operaciones complejas, como fue el préstamo que se concedió a Martín Gual.

Por último, el letrado del Sareb, la sociedad pública que adquirió todos los productos tóxicos de Sa Nostra, entre los que está la operación de Son Bordoy, también cuestionó la poca preparación de los consejeros que aprobaban estos préstamos, lo que facilitaba a los ejecutivos manejarlos a su antojo para que secundaran las operaciones que a ellos les interesaba. “Las operaciones se presentaban, pero no se explicaban”. Cuestionó que no se tuviera en cuenta el informe de los analistas de Sa Nostra, que desaconsejeron esta operación, e insistió el letrado que este proyecto “iba a explotar en cualquier momento, como así fue”. La acusación interpreta que la operación de Son Bordoy, en realidad, era un “un plan de rescate para Batle, Dolç y Oliver” y que las pruebas que se han analizado en este juicio demuestran que “Martín Gual disfrutaba de barra libre de créditos en Sa Nostra”, que concedía estos préstamos sin seguir un criterio profesional, porque se estaba dando millones de euros a empresarios que eran insolventes.

Mañana le toca el turno a los abogados de la defensa, que piden la absolución de los acusados, al sostener que no hubo delito. Los antiguos directivos de Sa Nostra mantienen que son inocentes y justifican que esta operación con Martín Gual se hizo, precisamente, para salvar de la quiebra a la caja de ahorros, y sobre todo para evitar la pérdida de unos terrenos que eran propiedad de dos empresas que estaban a punto de entrar en concurso de acreedores.  Por eso, desde Sa Nostra se impulsó el cambio de titularidad de los terrenos y se propuso a Martín Gual que los comprara e iniciara el proyecto de urbanización, que se aprobó, pero que todavía no ha empezado.

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