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March negociará con el PP para la estabilidad de su ley de Educación

El conseller quiere consenso y «evitar la confrontación» en la tramitación del texto para garantizar su continuidad cuando haya un cambio de Govern

El conseller March, ayer en la presentación de la ley junto a la presidenta Armengol.

El conseller March, ayer en la presentación de la ley junto a la presidenta Armengol.

El Govern aprobó ayer el proyecto de ley de la que será la primera ley balear de Educación, también conocida como ley March. La presidenta del Govern, Francina Armengol, y el conseller de Educación, Martí March, comparecieron para anunciar la ley que, defendieron, debe ser un «marco que de estabilidad» al sector educativo de las islas, para lo que el conseller tendió la mano a todos los partidos del arco parlamentario para que la ley pueda tener continuidad aunque haya «un cambio de mayoría política» en Baleares. «No soy ingenuo, sé que no habrá unanimidad, pero trabajaré para que tenga el apoyo de los partidos importantes», pronunció March, dando por hecho que no contará con Vox, pero confiando en la negociación con el PP.

La futura ley balear de Educación o ley March fue aprobada ayer en un Consell de Govern extraordinario y ahora iniciará su tramitación en el Parlament para ser aprobada entre finales de 2021 y el primer trimestre de 2022. La ley, nacida del documento Illes per un Pacte y que mantiene el 50% mínimo de catalán en las aulas, la coexistencia de la educación pública y concertada y que se fija el objetivo de que la inversión pública en Educación alcance el 5% del PIB antes de 2030, se adapta a la Ley Celaá, que levantó a oposición y parte de la comunidad educativa a nivel nacional.

Precisamente, March quiere evitar que su ley quede manchada y con fecha de caducidad en medio de la trifulca política: «Se trata que haya continuidad, que no haya ruptura», planteó. Por ello, el conseller aseguró ayer que hablará con todos los partidos -«desde Vox a Gent per Formentera»- y que trabajará por «evitar la confrontación» con esta ley. «Se que algunos partidos lo harán y utilizarán la lengua para generar enfrentamiento, pero esto no es una ley de lenguas», apuntó, lamentando que algunos partidos ya han manifestado su rechazo «antes de leerse toda la ley». Cabe recordar que Vox ya ha avanzado que la llevará al Constitucional.

Sin embargo, el conseller parece tener asumido el rechazo del partido de extrema derecha y en lo que confía es en conseguir el apoyo del PP. «Con esta ley queremos que haya un marco estable para la Educación, que si hay cambios en la mayoría política, los partidos puedan reflejar sus ideas con decretos, pero dentro de los mínimos de esta ley», defendió el conseller. «No soy ingenuo, sé que no habrá unanimidad, pero trabajaré para que tenga el apoyo de los partidos importantes», añadió March. «Hablaremos con todos, como ellos quieran, de manera oficial, de manera discreta, como sea», se comprometió.

El conseller insistió en que no quiere que se centre el debate de la ley en el tema lingüístico -«hay muchos otros puntos»- y defendió que, en todo caso, «se basa en la ley de Normalización aprobada por Cañellas y en el decret de mínims aprobado por el Govern de Jaume Matas» y que la ley no quiere «monolingüismo», en busca del apoyo del PP, pero pidiendo mirar la ley «en su integridad, más allá del tema lingüístico».

No obstante, cabe recordar que el papel del catalán fue objeto de disputa en el seno del Govern ya que el borrador inicial lo planteaba como «lengua mayoritaria» pero sin fijar un porcentaje mínimo, lo que levantó los recelos de Més, que forzó que se incluyera, tal y como prevé el decreto de mínimos, la exigencia de al menos un 50% de asignaturas en catalán.

Enmiendas de Podemos y MxMe

Si bien tanto PSOE como Més expresaron ayer su satisfacción, Podemos y Més per Menorca anunciaron enmiendas a la ley: en el caso de los podemitas para adelantar el 5% de PIB de inversión y en el caso de los menorquinistas sobre la participación de las familias, la formación del profesorado o el acceso a la función docente.

Casar las exigencias de sus socios y acercar a la oposición será el reto de esta ley para March.

Los populares ponen sus «líneas rojas»: libertad de centro y equilibrio de lenguas

El conseller de Educación, Martí March, quiere el apoyo del PP a su ley y los populares están dispuestos a negociar. Eso sí, con «líneas rojas». La portavoz de Educación del PP balear, Núria Riera, criticó que por ahora «lo que hay es una ley del Consolat», pero aseguró que los populares están «dispuestos a sentarnos para mejorar el texto». «Queremos una ley consensuada», defendió la popular, que no obstante advirtió que habrá «líneas rojas que no se pueden cruzar».

De esta manera, Riera aseguró ayer que el PP defenderá «la cultura del esfuerzo, la libertad de las familias para elegir modelo y centro educativo para sus hijos, libertad de lengua en la primera enseñanza y el equilibrio de las lenguas cooficiales». «Desde el PP también defenderemos la concertada, la educación especial y la libertad de las familias», resumió Riera: «Ofrecemos consenso y diálogo por el bien de la Educación de Baleares», zanjó.

Si bien Ciudadanos ha estado en los últimos meses alineado con el Govern en la gestión de la pandemia y en el plan de recuperación económica, su portavoz Patricia Guasp se mostró ayer beligerante con la ley de Educación, a la que ya anunció que su grupo hará «bastantes enmiendas» para «evitar la imposición lingüística que elimine el castellano en las aulas». «No queremos que se ataque el bilingüismo», pronunció Guasp.

Cabe recordar que la ley básicamente recoge el actual decreto de mínimos que fija en al menos un 50% las asignaturas en catalán y abre la posibilidad de impartir asignaturas en inglés, además de en castellano. «No es una normativa de inmersión»; defendió en su presentación March.

Por su parte, el líder de Vox, Jorge Campos, ya anunció el miércoles su intención de llevar esta ley al Constitucional.

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