El Parlament ha aprobado en pleno una declaración institucional de apoyo al reconocimiento de la ‘discapacidad social’ para las personas que padecen de Asperger/Tea.
La secretaria primera del Parlament y diputada de Més, Joana Aina Campomar, fue la encargada de leer la declaración institucional que evidenció que existe la necesidad de reconocer la figura legal de ‘discapacidad social’ para quienes tienen el síndrome de Asperger, y TEA en general. Y, en nombre de la Cámara expresó el apoyo y reconocimiento a estas personas, a sus familias y a quienes trabajan a diario con este colectivo. En la sala también estaban presentes representantes de la asociación Asperger Baleares.
Una vez manifestado el apoyo y reconocimiento del Parlament a las personas con Asperger, y TEA en general, la Cámara solicitó al Gobierno central que, en el marco de la legislación estatal, estudie y contemple reconocer la ‘discapacidad social’ o ‘psicosocial’ como un epígrafe propio a desarrollar dentro del baremo estatal de las discapacidades. E instó a todas las administraciones a cumplir el principio de inclusión social para evitar la discriminación de este colectivo.
Cabe recordar que el Síndrome de Asperger es un trastorno del espectro autista que afecta a la capacidad de procesar adecuadamente los estímulos relacionados con la comunicación social, así como la dificultad de comprender roles sociales. También afecta a la capacidad de procesar o entender lo que transmite la modulación de la voz y hace que quienes lo sufren presenten baja tolerancia a estímulos sensoriales. Todo ello hace que estas personas, hizo hincapié, sean «muy vulnerables» a abusos, manipulaciones y engaños.
Debido a este hecho, y ante su asociación con otros trastornos psiquiátricos y problemas de aprendizaje, el Parlament reconoció que el Síndrome de Asperger requerirá una valoración individualizada para poder determinar el grado de afectación funcional individual, familiar y social de tal manera que las ayudas se ajusten a cada caso.
Tasa de desempleo del 85%
Asimismo, señaló que a las personas Asperger se les reconoce una discapacidad psíquica superior al 33%. Sin embargo, criticó que esta protección también es «engañosa», debido a que las personas con Asperger no tienen discapacidad intelectual ni tampoco enfermedad mental alguna, por lo que, para lo que respecta al empleo público, solo pueden acceder al contingente de discapacidad general. En este sentido, la tasa de desocupación entre personas afectadas por este síndrome es significativamente mayor que entre quienes padecen de discapacidad intelectual y se sitúa, según los últimos datos, en una estimación superior al 85%.
Por tales motivos, el Parlament insiste en la necesidad de reconocer la figura legal de la ‘discapacidad social’ para personas con síndrome de Asperger, y TEA en general, porque, de lo contrario, se corre el riego de que un gran porcentaje de estas personas estén abocadas a la exclusión social.
