Ilegalmente limitados y confinados bajo criterio excesivo de cautela sanitaria. La reiteración de algunos achaques colectivos parecía dar crédito sobre todo a la segunda premisa, pero no. El Tribunal Supremo pone apellidos a la identidad del Ejecutivo autonómico, se llama Govern severo y prudente, una personalidad que ya había adivinado la fiscalía de Balears y que ahora corrobora el alto tribunal. Con ello se desmorona la teoría según la cual vale más prevenir que curar. Este archipiélago consolida su tutela exterior. El mismo Madrid que anteayer enviaba a la ministra Ribera para hacernos saber que no podemos ser unos avanzados en el veto a los coches diésel ha tardado solo un día más para certificar que no hay mejor médico ni diagnóstico que el del Supremo garantista de los derechos fundamentales. El tribunal reconoce que para ciertas restricciones sanitarias no hace falta la cobertura del estado de alarma, pero hay que saber argumentar, le dice al Govern. En el trasfondo del fallo aflora una debilidad de normativa legal para afrontar situaciones como las impuestas sin apelación por la covid-19. Anoche ya no se cerraron las puertas. Queda un margen de espera para saber si por ellas, con el impulso de una vacunación retrasada, también se fue de juerga el virus liberado de la inmunidad de grupo.
