Es comprensible el ardor religioso de los epidemiólogos advenedizos prohijados por el Consolat, que encerrarían a la población en sus casas hasta que amainara la pandemia. Tal vez se les podría reprochar que no escuchen a sus santos padres Fernando Simón y Josep Maria Argimon, más pragmáticos y menos zelotes.
Al Govern se le presuponía un mayor escepticismo frente a los toques de queda de regusto autoritario, sobre todo en un pacto de izquierdas vicepresidido por un juez. La petición de un informe previo al Tribunal Superior no disculpa el celo de los conversos, sino que acentúa la dejación de responsabilidades. El Supremo se encarga de recordar que «el control judicial preventivo no es un examen exhaustivo de la legalidad de la actuación». El ejecutivo debió reflexionar sobre la irracionalidad de gobernar casi la única comunidad con toque de queda, porque su batacazo judicial se debe a la segunda prórroga y no a la primera. Peligrosa soberbia reincidente.
El Tribunal Superior ha frivolizado con las libertades esenciales, un comportamiento pintoresco aunque más fácil de entender al recordar que dos de los tres magistrados que desean confinar a sus conciudadanos también defienden la integridad del monumento franquista de sa Feixina. La máxima institución judicial autonómica estaba obligada al menos a repasar la jurisprudencia reciente del Supremo, como se encargan de recordarle desde la cúpula. Verbigracia, la sentencia contra la Junta de Castilla y León, por manipular arbitrariamente el toque de queda durante el estado de alarma. Y sobre todo, el fallo inmediato contra Canarias, donde se especifica que las medidas salvajes solo pueden ser «puntuales». Desde Madrid se les recuerda que si en el archipiélago atlántico han prohibido los cierres perimetrales insulares, difícilmente pueden avalar la clausura de todos los ciudadanos en sus domicilios.
El Tribunal Supremo ha dictaminado, conviene repetir que desde Madrid, que con las libertades no se juega. O que «la restricción de derechos no deja de ser, afortunadamente, algo excepcional». Hasta donde lo permite la adusta y aséptica prosa administrativa, los magistrados se muestran estupefactos ante el grado de arbitrariedad asumido en Balears con aval judicial. La ponencia de Luis María Díez-Picazo, expresidente de la Sala de lo Contencioso y autor de Sistema de derechos fundamentales, dificultará la descalificación de su sentencia.
La justicia está en los detalles. El Supremo se ha enamorado del voto particular contrario al confinamiento de dos magistradas del Superior, Alicia Ortuño y Carmen Frigola. El fervor llega al extremo de que en el folio dos se comete el error de asignar a las disidentes el grueso del auto dictado en Mallorca.
El Tribunal Superior estaba obligado a leerse la jurisprudencia del Supremo
El Supremo atribuye a las dos firmantes del voto particular «un pormenorizado análisis», mientras que los tres jueces varones y mayoritarios «se remiten escuetamente a las conclusiones de un informe» del Govern. El lector deberá decidir si se les imputa pereza. Salen con todo mejor parados que el abogado de la Comunidad, al que no solo se matiza su interpretación de la doctrina del Supremo, si no que se le abofetea que «más bien dice lo contrario». El tono bronco impuesto por la Abogacía del Consolat no seduce en Madrid.
Nunca habrá obtenido Bartomeu Barceló parabienes similares a los arrancados ayer del Supremo. La sentencia lo exalta al situarlo «en la misma línea que las Magistradas discrepantes», para felicitarle a continuación por acreditar «de manera breve pero clara, el cumplimiento de los recursos de casación». La pandemia ha distorsionado el mapa político, pero es difícil evitar la perplejidad al contemplar a las libertades fundamentales defendidas por Vox y por el fiscal jefe, mientras un Govern socialcomunista y magistrados más que preparados encadenan a los ciudadanos de Balears sin motivo. Por «el principio de precaución» o «por prudencia», unos términos que también horrorizan a la sentencia madrileña.
A la facción disidente del Superior solo le faltó ayer brindar con champán, tras la elogiosa sentencia del Supremo que restaura las libertades en Balears. Los magistrados madrileños, conviene remachar la adscripción geográfica, le recuerdan al Govern que los excesos normativos no implican que se afronte la situación con mayor seriedad, sino simplemente que se dan palos de ciego poniendo en peligro el frágil edificio de los derechos ciudadanos.
En su débil justificación del toque de queda ante el Tribunal Superior, y con la impunidad que transmite la conciencia de que los escritos jurídicos no los leen ni sus destinatarios, el Govern manifestaba llanamente que se trataba de salvar la temporada turística. Los ciudadanos, no siempre vasallos del turismo, debían arrear con las consecuencias del monocultivo.
Por tanto, la justicia poética ha acompasado las sentencias de Madrid y de Londres, para eclipsar la excelente labor del Govern en campos como la incidencia de nuevos contagios, la asistencia sanitaria en Son Espases y son Llàtzer, o la contención del número de muertos. Quien puede lo más, no siempre puede lo menos.
