El elevado coste de la vida en Balears y la falta de una compensación adecuada de la insularidad puede suponer un «riesgo de colapso» de los servicios públicos estatales en las islas. Un total de 13 organizaciones variopintas, entre sindicatos y asociaciones, que representan tanto a policías nacionales y guardias civiles como a funcionarios de prisiones o de la Agencia Tributaria se han sumado a esta iniciativa.
Este movimiento de unidad de acción Por una Insularidad digna se presentó ayer de manera formal en la sede de UGT en Palma para reivindicar la calidad de los servicios públicos en Balears. De acuerdo con su denuncia pública, las islas se han convertido en un destino «poco atractivo» para muchos funcionarios y «son abandonados en la primera ocasión».
El elevado coste de la vida, entre ellos el alto coste de la vivienda, y la falta de una compensación de la insularidad acorde supone una constante fuga de funcionarios estatales de las islas.
Situación crítica
Durante la rueda de prensa, Gabriel Riera, funcionario de la Administración General del Estado, abundó en que este sector proporciona servicios básicos como la seguridad o la justicia.
Por islas, la situación es especialmente crítica en Eivissa y Formentera. En ambas se corre un «riesgo de colapso», según denunciaron. Asimismo subrayaron el «impacto negativo» en Menorca y «las graves deficiencias» en Mallorca.
Por su parte, el secretario general del Sindicato Unificado de Policía en Balears, Manuel Pavón, anunció ayer una serie de reuniones con la delegada del Gobierno en las islas, Aina Calvo; la presidenta del Govern, Francina Armengol; y los distintos partidos políticos del archipiélago para exponer su reivindicación para compensar la insularidad.
Uno de los problemas más acuciantes que se plantean en Balears es la continúa pérdida de personal y la dificultad para reponer las vacantes de estos funcionarios.
