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La fiscalía pide cárcel para Delgado por el caso Calanova

Anticorrupción le acusa de tráfico de influencias y prevaricación

Carlos Delgado, izquierda, con su abogado Miquel Arbona, en los juzgados

Carlos Delgado, izquierda, con su abogado Miquel Arbona, en los juzgados

La fiscalía Anticorrupción de Balears, a través de Laura Pellón, propone que el exconseller Carlos Delgado sea condenado por el presunto amaño de la concesión y explotación de la instalación donde se ubica la escuela de vela de Calanova. La acusación imputa al expolítico del PP dos delitos. Uno de tráfico de influencias y el otro de prevaricación. Se le reclama una condena de un año y nueve meses de prisión, y el pago de una indemnización económica de 1,1 millones de euros. Además de la pena de cárcel, también se le reclama nueve años de inhabilitación para ejercer un cargo público.

Todo el caso se centra en la elección del proyecto que presentó la empresa Port Olimpic Calanova. Era una sociedad participada y administrada por el amigo, a la vez que abogado personal, del entonces conseller de Turismo. El letrado Carlos Gelabert, además, trabaja en estos momentos en el mismo bufete legal que Delgado y además le representó legalmente en un pleito por un divorcio.

La fiscalía señala que Gelabert utilizó la influencia personal que mantenía con el conseller para que la conselleria de Turismo se decantara por el proyecto que presentó su empresa, frente a otras sociedades también interesadas por explotar la instalación deportiva. Contra Gelabert también se han presentado cargos. Se le acusa de un delito de tráfico de influencias y se le reclama un año y medio de cárcel, más una sanción económica de 1,1 millones de euros. La misma acusación se traslada también contra los otros tres socios de la sociedad adjudicataria, que son Francisco López Hinojosa, Felipe Elvira y Juan Birganza. Lógicamente, la fiscalía solicita al mismo tiempo que se anule la decisión administrativa por la que se aprobó el concurso a favor de la empresa Port Olímpic Calanova.

El último acusado al que implica la fiscal Pellón en este presunto amaño es a Joaquín Legaza. Se trata de una persona de la máxima confianza de Delgado, que ejerció el cargo de secretario general técnico de la conselleria de Turismo. La fiscalía asegura que fue Legaza quien se encargó del proceso de amaño para beneficiar a la empresa que obtuvo la mayor puntuación en el concurso. 

En el escrito que ha presentado la fiscal Laura Pellón señala que el entonces conseller tuvo una influencia decisiva en los consejeros que acordaron la empresa que iba a explotar esta instalación pública. Afirma también que Delgado les escondió información clave a la hora de valorar estas ofertas.

Delgado siempre ha mantenido su inocencia y defendido la limpieza del proyecto de concesión de Calanova. Afirmó que la oferta ganadora fue la que presentó el mejor proyecto y que en las bases del concurso se puntuaba por encima de todo la rentabilidad económica a favor del Govern, dado que se trataba de obtener el mayor número de ingresos a través de la explotación pública. 

Negó también Delgado que el hecho de que Gelabert le hubiera representado como abogado en su divorcio hubiera tenido ningún tipo de influencia en el proceso de adjudicación. Y añadió en que Carlos Gelabert, que vendió su participación en la sociedad, se incorporó a su despacho de abogados muchos después de la concesión de Calanova. 

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