Los 855 millones en ayudas estatales que llegarán a Baleares para hacer frente a la crisis económica de la covid-19 se repartirán a unas 17.000 empresas y 16.000 autónomos, lo que supondrá un total de 33.000 beneficiarios. El Consell de Govern aprobó ayer los mecanismos y requisitos para solicitar estas subvenciones, que oscilan entre los 3.000 y los 500.000 euros, y podrán empezar a solicitarse a partir del 14 junio. El Ejecutivo autonómico asegura que las empresas beneficiarias cobrarán a finales de julio, en concreto apunta a partir del día 20 de ese mes.

El portavoz del Govern y conseller de Modelo Económico, Iago Negueruela, calificó ayer las ayudas de «inyección económica estatal sin precedentes en Baleares», y aseguró que se ha dispuesto cierta flexibilidad para ampliar la lista de sectores que pueden recibir este apoyo económico. En el caso de las Baleares, el Ejecutivo, junto con los principales agentes económicos y sociales y diferentes partidos políticos, acordaron -en el marco del Pacto para la Reactivación- ampliar en una cincuentena el número de sectores susceptibles de recibir ayudas, entre otras medidas adaptadas al territorio de nuestra comunidad autónoma. Así, en Baleares se recogen más de 140 actividades que se podrán beneficiar de estas ayudas para paliar la crisis de la covid-19.

Además de la ampliación de sectores, se han incluido cuatro supuestos más que recogen situaciones concretas de las islas, y que también son susceptibles de acogerse a las ayudas. Así, podrán pedir estas ayudas los autónomos de temporada, las empresas afectadas por la quiebra de Thomas Cook, las empresas de nueva creación y las mercantiles que llevaron a cabo fuertes inversiones durante el año 2019.

Mediante esta convocatoria, que se prevé que se publique en el BOIB el próximo sábado, se ha establecido un mecanismo para garantizar que todas las empresas y los autónomos que tienen derecho a estas ayudas las reciban. «Nadie quedará fuera de percibirlas, si se cumplen las condiciones exigidas», afirmó el portavoz del Govern.

 Negueruela indicó también que a las empresas que reciban las ayudas superiores a los 60.000 euros se les exigirá la entrega de una auditoría para que justifiquen en qué se han gastado el dinero. De este modo se garantiza que no se puedan emplear en otras finalidades y mucho menos para despedir a trabajadores. Asimismo, las mercantiles que tengan deudas con la Seguridad Social o Hacienda bastará que presenten una solicitud de aplazamiento de esta deuda para optar a las subvención. 

La convocatoria de estas subvenciones, que serán gestionadas por la conselleria de Hacienda y la Agencia Tributaria, prevé cubrir costes que hayan supuesto una bajada superior al 30% del volumen de operaciones de las empresas respecto a 2019 en dos líneas: Línea 1ª destinada a empresas o profesionales que apliquen el régimen de estimación objetiva (por módulos), que podrán recibir hasta 3.000 euros. Asimismo, la Línea 2ª será para empresarios o profesionales que apliquen el régimen de estimación directa sobre la renta de las personas físicas y empresarios que estén en el régimen del impuesto sobre sociedades. En este caso, las ayudas podrá ir de 4.000 euros a los 500.000.

100 millones en créditos

Por otra parte, el Consell de Govern aprobó también ayer una ampliación de la línea impulsada por el Ejecutivo y la sociedad de garantía recíproca ISBA SGR para 2021 destinada a inyectar liquidez y financiar inversiones de pequeñas y medianas empresas y trabajadores autónomos. El objetivo es que puedan hacer frente a los efectos de la crisis provocada por la covid-19, por lo que la financiación que se pone al alcance del tejido empresarial, inicialmente de hasta 50 millones de euros, aumenta hasta 100 millones de euros.

7,5 millones Trabajo para personas con discapacidad

El Govern aprobó ayudas por valor de 7,5 millones destinadas al mantenimiento de puestos de trabajo de personas con discapacidad en centros especiales de ocupación, mediante la financiación parcial de los costes salariales, de la adaptación de puestos de trabajo y de la supresión de barreras arquitectónicas. Una iniciativa de la conselleria de Modelo Económico y Trabajo.