En un giro del todo inesperado, un caso muerto y enterrado como el caso Contratos, más de 150.000 euros en adjudicaciones a dedo desde conselleries gobernadas por Més per Mallorca al que era su ideólogo y estratega electoral, Jaume Garau, ha revivido por arte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Se le vislumbra escaso o nulo recorrido, pero la resurrección ha dejado a algunos en evidencia.
Sin consultar a las acusaciones ni al fiscal, en marzo de 2019 el juez Enrique Morell sobreseyó de oficio el caso Contratos, concluyendo que no había indicios de delito. Lo veía todo correcto. En octubre del año pasado, una segunda jueza, Victoria Pelufo, también dio carpetazo a otra derivada del mismo escándalo. En sendos autos, los magistrados recalcaron que Garau y los demás acusados les habían «explicado de manera coherente» el procedimiento y la adecuada finalidad de los contratos recibidos.
No hubo registros judiciales ni pinchazos telefónicos. Los interventores de la Comunidad autónoma, que habían constatado irregularidades fehacientemente en un contundente informe donde denunciaban el fraude de «fraccionar contratos», ni siquiera fueron llamados a declarar. Los fiscales Anticorrupción Juan Carrau y Ana Lamas, que habían interpuesto una querella por prevaricación y tráfico de influencias, no se opusieron al sobreseimiento. Asunto zanjado.
En Més per Mallorca, el partido de Garau, celebraron «con satisfacción y alegría» -palabras de la vicepresidenta del Consell de Mallorca, Bel Busquets- el archivo judicial, y se jactaron de que «el marcador de la corrupción sigue a cero» en la formación econacionalista. En privado, hubo quienes brindaron con cava. Varios dirigentes próximos al actual líder, Antoni Noguera, querían preparar un gran acto de desagravio hacia el que había sido su jefe de campaña; finalmente, se abortó. A los críticos con Garau, empezando por la consellera de Asuntos sociales Fina Santiago, se les impuso un alto precio político que todavía colea.
Dos años y siete meses después, respectivamente, una resolución sancionadora de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha desnudado al protagonista principal, y descolocado a algunos de los que jaleaban la inexistencia de la menor irregularidad. Con una simple inspección informática y de documentación, un organismo como Competencia termina no solo confirmando la manipulación de contratos públicos del Govern; también deja en evidencia a la justicia balear, tan española como la que ha llevado a prisión a los independentistas catalanes, pero a la que los dirigentes de Més siempre se han aferrado para finiquitar el affaire.
Frente a las «explicaciones coherentes» de Garau que convencieron a dos jueces, sus ‘mails’ intervenidos han resultado ahora letales
Lo relevante de la exhaustiva investigación de Competencia es que acredita unos hechos y prácticas ilícitas mucho más graves que los conocidos en su día. Las 319 páginas que resumen la investigación constituyen un auténtico sumario e incluyen sentencia condenatoria. Sin atenuantes. Relatan cómo el joven empresario mallorquín Jaume Garau se concertaba con otras consultoras de la península, orquestando «un cártel para manipular licitaciones públicas durante al menos diez años».
Las empresas se repartían entre sí los contratos de distintas administraciones, entre ellas el Govern balear. El organismo estatal señala a Garau como uno de los principales impulsores del cártel. Más allá de la multa impuesta (124.000 euros entre él y su exsocia Rocío Cortés), Competencia destapa mediante múltiples correos electrónicos intervenidos al exestratega de Més el amaño continuo de las ofertas para hacerse con fondos públicos a través de adjudicaciones viciadas.
Conversaciones de Garau alertando de que «no es prudente hablar de este tema por mail tantas veces», o respuestas recibidas como «me han invitado a un contrato en Baleares y tiene pinta de ser ‘cosa tuya’. Ilumíname, Master and Commander!!! Que luego vas a tener que venir a buscarme al trullo», en boca de un teórico empresario rival que en realidad es un aliado para repartirse el pastel), resultan ahora letales para Garau.
«Los numerosos correos electrónicos que contienen los hechos probados en esta resolución acreditan de manera profusa la intención de las empresas de alterar el funcionamiento del proceso competitivo». Se ponen de acuerdo previamente para «jugar el papel de mera comparsa de la oferta que será ganadora», asevera Competencia.
Pero el informe de la Comisión también salpica al actual Ejecutivo de Francina Armengol. La presidenta socialista mantendrá en el cargo a su director general de Fondos Europeos, Félix Pablo Pindado, pese a ser uno de los implicados en el cártel. Entre otros, aparece en mails invitando a alterar las ofertas para un contrato de unos 10.000 euros en el Ayuntamiento de Palencia. Lo terminó ganando la consultora que Pablo compartía con Garau (Regio Plus Consulting SL) hasta que éste le colocó en el Govern en 2015.
Ahora que el poder ya le ha mermado la ilusión, Armengol no tiene problema en rebajar su listón ético; el mismo que le proporcionó solvencia frente a los desmanes del PP de Jaume Matas mientras estaba en la solitaria oposición. Ni rastro ahora de la socialista que ordenó el cese de la entonces consellera de Cultura Ruth Mateu, y de todos los altos cargos de Més imputados, desde Jaume Gomila a Josep Ramon Cerdà, al estallar el caso Contratos.
Escuchar el lunes al número dos del Govern, Iago Negueruela, su relato para justificar el pragmatismo no solo retrata al PSOE sino a toda la izquierda balear. Con la complicidad de sus socios de Més (esperpéntico el discurso del diputado Jose Ferrà, acusando «a la derecha» de estar detrás de la sentencia de Competencia), y la pasividad de Podemos (con Laura Camargo no se daría, con todo un juez adalid contra la corrupción dentro el Govern como Juan Pedro Yllanes, sí), Armengol huye hacia adelante. Arrollando su propio discurso de regeneración política, deja que alguien señalado por manipular licitaciones públicas desde la privada gestione los fondos que llegan de Europa para la recuperación colectiva de la pandemia. Está por ver si el pasteleo de la presidenta con la corrupción le pasará factura cuando se le compliquen en breve las cosas en su gabinete, empezando con el levantamiento del sumario del caso Autoridad Portuaria.
Lesivo para los ciudadanos
Tuviera o no implicaciones penales -que nunca se han dirimido en un juicio-, el caso Contratos constituía un claro atentado a la ética y la estética. Donde los jueces dijeron no ver sobreprecio para el contribuyente, ni «la comisión de ilícito alguno por parte de ninguno de los querellados», hoy Competencia condena sin indulgencias: «De forma continuada se elevaron los precios que pagaba la administración por los servicios de consultoría, se limitó el incentivo a la mejora en la calidad de los servicios y se impidió la participación de competidores ajenos a los cárteles en los procesos de licitación».
Recalca que «estas conductas impactaron de lleno en el erario público al ser contratos que se sufragan vía presupuestos». En definitiva, deja a todos los actores retratados.
