Balears acogerá a 11 de los 200 menores inmigrantes no acompañados actualmente tutelados en Ceuta que el Gobierno y las comunidades autónomas han acordado distribuir por todo el país. Según informó ayer la Conselleria de Asuntos Sociales del Govern, este reparto es fruto del pacto alcanzado en la reunión celebrada por los representantes autonómicos con la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, en la que participó la consellera Fina Santiago.
El Consell de Mallorca se hará cargo de seis de los menores inmigrantes desplazados desde Ceuta, otros dos serán acogidos por el Consell de Menorca y el Govern asumirá el cuidado de otros tres mediante un acuerdo alcanzado con el gobierno de Ceuta, que mantendrá la tutela sobre ellos.
El Govern balear, de acuerdo con los Consells Insulars, que son las instituciones competentes en materia de protección de menores, se ofreció en la reunión con la ministra para acoger a niños llegados a Ceuta durante la crisis de los últimos días con el fin de aliviar la presión sobre los servicios sociales de la ciudad autónoma.
Asuntos Sociales asegura que los menores llegarán a las islas en los próximos días.
El Gobierno solicitó este miércoles a las autonomías que acogieran a 200 menores migrantes no acompañados que se encontraban en centros de protección de Ceuta antes de la actual crisis con Marruecos y cuya situación legal, escolar y sanitaria está siendo atendida por la ciudad autónoma. El Ejecutivo central hizo esta petición para liberar espacio y atender a los recién llegados, ya que están contabilizados más de 700 niños y adolescentes que no pueden ser devueltos a su país como se está haciendo con los adultos y todavía hay muchos más por las calles que deberán ser registrados.
Balears, a fecha de 31 de diciembre de 2020, contaba con 86 menores extranjeros no acompañados inscritos, siendo 9.030 los registrados en todo el Estado. El Ministerio de Derechos Sociales propuso que el 25% de las plazas se distribuyeran entre las Comunidades Autónomas en función de la población, otro 25% por situación económica, un 12,5% por renta per cápita, un 12,5% según la tasa de paro y el 50% restante por el impacto en acogida de los menores migrantes no acompañados de cada comunidad.
