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La sanidad privada de Baleares se queja a Armengol por fijar el precio de las PCR

Denuncian que el IB-Salut factura 95 euros por prueba e impone un máximo de 75

Un sanitario realiza una PCR.

Carmen Planas, presidenta de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Balears (CAEB) y de la Unión Balear de Entidades Sanitarias (UBES), se reunirá mañana, viernes, a las 11 horas en el Consolat de la Mar con la presidenta del Govern de les Illes Balears Francina Armengol para trasladarle el malestar del sector por las últimas decisiones del Ejecutivo autonómico.

UBES ha solicitado la reunión de urgencia con la presidenta Armengol para expresar su desazón con el Govern, que aprobó de forma unilateral y sin previo aviso el decreto ley 5/2021, de 7 de mayo, que modifica la ley de salud pública de les Illes Balears y que, entre otras cuestiones, fija un precio máximo para las pruebas covid de PCR y test de antígenos.

El Consell de Govern extraordinario del pasado día 7 aprobó un decreto ley que modifica la Ley de Salud Pública de con varias medidas «útiles para controlar la pandemia», entre ellas la fijación del precio máximo de las PCR en 75 euros y de las pruebas de antígenos en 30 euros.

Para UBES, esta decisión podría atentar contra la libertad de empresa y el libre mercado y que rompe con el diálogo y el consenso que había seguido el Govern hasta este momento. Por ello, UBES pide volver al consenso y buscar soluciones a los problemas creados.

La UBES ya había tachado de «inaceptable» la imposición por parte del Govern. La patronal de las entidades privadas aseguró que esta medida se tomó de forma «unilateral y sin previo aviso» y que podría contribuir a la aparición de «chiringuitos sanitarios».

Medida «alegal»

El precio máximo para las PCR se fija en 75 euros mientras que, según asegura esta organización, el IB-Salut los factura «a 95 euros. Consideramos que es una medida alegal que atenta contra la competencia y la libertad de empresa y marca un peligroso antecedente que podría afectar a otros sectores», denunció la patronal, que advirtió de que adoptará las acciones oportunas «para defender la actividad del sector».

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