La estrategia de Jaume Garau, el antiguo asesor político de Més per Mallorca, era tan simple como efectiva. Cuando su empresa se interesaba por conseguir un contrato con la administración, para realizar un determinado estudio, prácticamente se aseguraba de que se lo iban a adjudicar. Su empresa Regio Plus presentaba la oferta más interesante, porque conocía exactamente la propuesta que iban a entregaban las otras dos competidoras que también optaban al contrato. En realidad todo era un paripé, ya que la sociedad de Garau enviaba a las otras empresas amigas de la competencia la plantilla del documento, con los correspondientes datos, que debían enviar a la administración que ofertaba este contrato. Con estas tres ofertas se vestía el expediente administrativo. Estos empresarios se limitaban a incluir el logo de su empresa y presentar la oferta previamente acordada, sabiendo de antemano que no iban a adjudicarse el contrato. Y si, por casualidad, se les otorgaba el proyecto, les bastaba renunciar al mismo alegando razones de exceso de trabajo. Solían presentar presupuestos más caros que el propio contrato, porque así se garantizaban que no se lo adjudicarían. Todas las empresas de este sector del negocio de la consultoría se hacían favores entre ellos, para lograr de esta forma copar todo el negocio, aunque ello fuera en contra de las normas de la competencia. Esta estrategia de la empresa de Garau y del resto del sector de consultorías se ha venido repitiendo en los últimos diez años, según demuestra el informe que ha elaborado la Comisión nacional de los Mercados y la Competencia. Este organismo público ha demostrado la existencia de dos redes a nivel nacional que colaboraban para beneficiarse del negocio de la contratación pública. Ninguna de ellas optaba a grandes proyectos ofrecidos por la administración, que hacía necesario presentarse a un concurso público. Estas empresas se interesaban por los contratos menores, donde la ley obliga a invitar a tres empresas, teóricamente independientes entre ellas, para que presentaran una propuesta, eligiendo la mejor de ellas. El objetivo era controlar las propuestas que se presentaban, que debían indicar un presupuesto distinto, para asegurarse la adjudicación.
Las empresas sabían cuál de ellas se iba adjudicar el contrato porque controlaban las ofertas
Garau, según el informe, aplicó este método de amaño para adjudicarse los contratos para realizar distintos estudios, que ofrecía el Govern balear. Sin embargo, extendió su interés por adjudicarse también proyectos que ofrecieron el ayuntamiento de Calvià y el Consell de Formentera. Sobre todo eran estudios turísticos, la especialidad de la que presumía el antiguo estratega de Més. Cuando Garau fue a declarar en el juzgado en ningún momento indicó que se estaban realizando estas prácticas anticompetencia para adjudicarse los contratos públicos.
