El juez Juan Manuel Sobrino, del juzgado de instrucción número 1 de Palma, ha archivado la última querella criminal presentada contra la edil Sonia Vivas, que fue denunciada por un presunto delito de estafa procesal y falso testimonio. Una denuncia que fue presentada por la Asociación Java y los dos policías locales que fueron condenados por acosar a Vivas en el caso de homofobia. Uno de estos denunciantes está a punto de ingresar en prisión, mientras que al otro opta a la libertad condicional.

Los denunciantes sostenían que Vivas había utilizado en la denuncia por homofobia unos documentos de baja médica, que también había empleado en un conflicto anterior que tuvo con su expareja. La asociación sostenía que había utilizado esta documentación con el fin de dotar de credibilidad a su testimonio y conseguir una sentencia injusta.

Vivas, defendida por el abogado Josep de Luis, se negó a declarar y sitúa todas estas querellas en una campaña de desprestigio que viene sufriendo desde que decidió denunciar a sus compañeros Rafael Puigrós y Alberto Juan, por la persecución que sufrió mientras era policía local, por su condición de lesbiana.

La fiscalía había solicitado el archivo de esta denuncia al entender que los hechos que se describían no era delictivos.

El juez señala en su resolución que estos documentos médicos no fueron ni siquiera tenidos en cuenta por el tribunal que juzgó a los policías Puigrós y Juan, dado que las magistradas rechazaron la indemnización de 15.000 euros que reclamaba Vivas por los datos morales sufridos. El tribunal, en su sentencia, consideró probado el acoso laboral que sufrió Vivas por su condición de lesbiana, pero señaló que los hechos ya estaban prescritos. Por lo tanto, rechazó la indemnización. Esta circunstancia demuestra, al juez que ha analizado esta última querella, que la hoy concejal no pudo cometer ninguna estafa procesal, como sostenían los dos policías que le denunciaron.