«Jaume, me han invitado a un contrato en Baleares [...] Ilumíname, que luego tendrás que venir a buscarme al trullo»

La intervención de numerosos correos electrónicos ha sido clave en la investigación para que Competencia destapara el entramado fraudulento de consultoras que se reparten la contratación pública, y coloca en una posición muy comprometida al mallorquín Jaume Garau y a su entonces socia Rocío Cortés. De sus comunicaciones con otros colegas, muchas veces en tono cómplice y coloquial, se desprende que estaban constantemente concertados para repartirse las adjudicaciones, decidiendo entre ellos quién se quedaba cada contrato, y quién presentaba ofertas perdedoras de antemano para simular la falsa concurrencia.

Especialmente significativo es un mail fechado el 10 de octubre de 2016, remitido desde la empresa Hidria a Jaume Garau para optar a una adjudicación en las islas: «Cuéntame, que me han invitado a contrato en Baleares, y tiene pinta de ser ‘cosa tuya’. Ilumíname Master and Commander!!! Que luego vas a tener que venir a buscarme al trullo...»

Después de analizar más de doscientos contratos públicos, Competencia ha acreditado que, entre los años 2008 y 2018, diferentes firmas de consultoría a nivel estatal se organizaron en dos redes de colaboración (norte y nacional), mediante las que constituyeron dos cárteles diferenciados. Las empresas intercambiaban información comercial sensible y se sirvieron de estrategias comunes para no competir cuando participaban en las licitaciones para ofrecer servicios de asesoría solicitados por distintas administraciones.

«Hola, campeón»

Otro correo electrónico muy llamativo, del 1 de noviembre de 2016, también entre la consultora Hidria y Garau, muestra cómo el segundo presuntamente dirige la presentación de una oferta para la adjudicación de un contrato menor en la conselleria de Cultura, de nuevo ‘vistiendo’ el procedimiento. «Hola campeón, puedes enviar esta propuesta a», responde Garau, indicando a continuación la dirección electrónica oficial del entonces director general de Cultura del Govern balear, Jaume Gomila, de Més per Menorca. Gomila, amigo personal de Garau, fue otro de los ex altos cargos exonerados por la Justicia por el caso Contratos.

En otro mail, de 25 de octubre de 2015, Garau le dice a su socia Rocío Cortés que firme y ponga «sello a este presupuesto a tu nombre» y que lo mande a la Generalitat de Cataluña, con la finalidad «de cubrirnos a nosotros mismos (el presupuesto enviado antes de Regio Plus es el bueno)».

En otro correo electrónico, el 3 de marzo de 2016, Garau evidencia que no quería dejar rastro informático de las conversaciones electrónicas que mantenía con directivos de otras empresas del sector de consultoría, para presuntamente amañar las propuestas. Es una conversación para presentar una oferta para adjudicarse un contrato para el Govern balear, para analizar y determinar el impacto económico de la ecotasa. «No creo que sea prudente hablar de este tema por email tantas veces», escribió Jaume Garau.

De las conversaciones entre los investigados se deduce que incluso tenían plantillas preparadas para renunciar a adjudicaciones, que tras coordinarse entre sí solo había que rellenar para despejar el camino a la empresa que se había decidido favorecer en cada ocasión.

«Mediante este sistema, de forma continuada, se elevaron los precios que pagaba la administración por los servicios de consultoría, se limitó el incentivo a la mejora en la calidad de los servicios y se impidió la participación de competidores ajenos a los cárteles en los procesos de licitación. Estas conductas impactaron de lleno en el erario público al ser contratos que se sufragan vía presupuestos», sentencia Competencia.

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