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Jaume Garau impulsó "un cártel" que amañó contratos del Govern

Competencia confirma el caso de las adjudicaciones fraudulentas que la Justicia archivó -Multa con 124.000 euros al exestratega electoral de Més y a su socia

Jaume Garau.

El que fue estratega electoral de Més per Mallorca, Jaume Garau Taberner, impulsó y participó en «un cártel nacional» de empresas para «manipular licitaciones públicas» durante años. El Govern balear es una de las administraciones perjudicadas por esta red de consultoras que se concertaban entre sí para repartirse el negocio de la contratación pública. Lo reveló ayer un amplio informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que multa con un total de 6,3 millones de euros a 22 firmas de consultoría y a varios de sus directivos, entre ellos el propio Garau y a su socia con 124.000 euros. Competencia acredita sin matices el amaño de adjudicaciones que derivó en el llamado caso Contratos, destapado en su día por Diario de Mallorca. También deja en entredicho el archivo acordado por dos jueces a instancias de la Fiscalía Anticorrupción.

Entre los contratos del Govern que fueron objeto de esta simulación de concurrencia destaca el del año 2016 por valor de 55.660 euros a una de las empresas de Garau, Consultores de Políticas Comunitarias, SL (CPC), para elaborar un «diagnóstico del tejido empresarial de Balears». Para dar apariencia de legalidad al procedimiento, se invitó a otras dos consultoras a presentar ofertas: Abay Analistas Económicos, SL y 97 S&F, SL.

Ahora, Competencia confirma el montaje y desvela que ambas integraban el cártel junto a Garau destinado a defraudar. También afloran correos electrónicos que corroboran que las dos ofertas rechazadas fueron preparadas por la ganadora. En concreto, el más significativo es un mail de la socia de Garau, Rocío Cortés, a sus colegas de Abay en el que les explica que solo tienen que prestarse a dar la cara para ‘vestir’ el trámite: «Os quería pedir si podemos dar vuestro nombre para invitaros a un procedimiento negociado (es sobre Diagnosis de la Economía del Conocimiento en Baleares). Nosotros os pasaríamos la propuesta a presentar». «No habría problema», responden desde Abay, solicitando, eso sí, que este tipo de comunicaciones se realice por otro correo electrónico más discreto.

Otra de las empresas señaladas por Competencia, The City Transformation Agency SL (CTA) también hizo ‘bulto’ para que de nuevo CPC, de Jaume Garau, se adjudicara el contrato menor para realizar un estudio del público de la Orquestra Simfònica de Balears, por importe de 17.500 euros. Dicho contrato fue adjudicado a Garau por la exgerente de la Simfònica y expareja suya Mar Rescalvo, y es otra de las investigaciones que fueron sobreseídas judicialmente.

‘Ofertas de cobertura’

La CNMC señala a Regio Plus, una de las empresas de Garau, como «impulsora del cártel de la red nacional», con un «papel preponderante y no meramente testimonial en la articulación y mantenimiento» de la red.

«El modus operandi de este cártel se basaba en solicitar ‘ofertas de cobertura’ para evitar competir y que una de las empresas resultase adjudicataria. Una de las consultoras invitada a participar en el concurso contactaba, de manera habitual, con otras empresas de su red de colaboración, que sabía que también participarían; les solicitaba que presentaran una oferta perdedora o, simplemente, que declinaran la invitación para participar en el proceso. En ocasiones incluso, la propia consultora que pedía la cobertura elaboraba las ofertas de sus supuestos competidores o preparaba la carta de renuncia a la invitación», destapa Competencia, añadiendo que mediante este sistema, de forma continuada, se elevaron los precios que pagaba la administración por los servicios de consultoría. «La manipulación de la contratación pública es una práctica colusoria especialmente dañina para la sociedad al impactar adicionalmente en los fondos públicos», denuncia Competencia.

Tal y como avanzó ayer IB3, el organismo estatal ha sancionado con 35.000 euros a Garau, con 55.000 a su socia, Rocío Cortés, y con 34.000 euros a la consultora que ambos compartieron hasta 2019, Regio Plus Consulting, SL, la misma que cobró de varias conselleries de Més con el actual Govern de PSOE, Podemos y Més la pasada legislatura. Precisamente, algunos de estos contratos son los que la Fiscalía Anticorrupción y dos magistrados investigaron concluyendo que no había indicios delictivos . Cabe recordar que lo que fue conocido como caso Contratos llegó a propiciar la dimisión de la entonces consellera de Cultura de Més, Ruth Mateu, y de varios de sus colaboradores, así como la apertura de un expediente de expulsión contra Jaume Garau, que acabó dejando la militancia de Més después de haber liderado la campaña de 2015 en la que los ecosoberanistas sacaron su mejor resultado. La entonces dirección de Més defendió que si bien todo era legal, la contratación de su estratega no era «estética» y denunció haber sido utilizada por Garau.

«Existen pruebas suficientes que demuestran el papel que ha tenido Regio Plus como empresa impulsora del cártel de la red de nacional, en las que se refleja que ha tenido un papel preponderante y no meramente testimonial en la articulación y mantenimiento del cártel, desempeñando un rol proactivo e impulsor de los acuerdos adoptados por las empresas que lo componen. Es una de las empresas con mayor participación en coberturas», resalta el flamante informe de Competencia.

«Participación activa»

Asimismo, recalca, «los hechos acreditados constatan que don Jaume Garau aparece de manera activa en casi todos los contratos que se le imputan y también han sido imputados a la empresa a la que representa». Se confirma a su vez la «participación constante, reiterada, activa y autónoma» de él y de su socia «en las prácticas en representación de las empresas CPC y Regio Plus mediante la solicitud de ofertas de cobertura, facilitando instrucciones al respecto» a otros directivos.

La resolución de la CNMC tiene su origen en una investigación preliminar que llevó a cabo la Autoridad Vasca de Competencia que, tras realizar una serie de inspecciones, decidió remitir el asunto a la Comisión Nacional, al superar los hechos el ámbito autonómico.

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