Camus recuerda en El mito de Sísifo que todo ser humano decide a diario si la vida le merece la pena de ser ejercida. Ninguna ley puede coartar esta libertad esencial, la única ilimitada. La eutanasia reglamentada ahora se centra en el padecimiento intolerable, el dolor debería estar erradicado de las secuelas de una patología o tratamiento.
La pandemia ha colocado a la sociedad de cara a la muerte. La eutanasia patrocinada por el legislativo no oculta comportamientos que han aplicado variantes del cese asistencial. Las tablas de defunciones provocadas por la covid contrastan con los índices de fallecimientos tras pasar por la UCI. En las edades más avanzadas que componen el grueso de afectados por el virus, se produce una curiosa disminución radical de una estancia en cuidados intensivos.
Díaz Ayuso ha negado contundente que Madrid se inhibiera en los ingresos de enfermos octogenarios, pero el riesgo de una eutanasia encubierta en medio de la pandemia es tozudo. Lo mismo ocurre en Balears con el etiquetaje previo de las personas institucionalizadas en previsión del contagio, como si fueran ganado y preocupándose de no difundir la medida ni de debatirla ante los representantes de los ciudadanos.
Hay mucho de decorativo en el estruendo alrededor de una ley que según sus impulsores afectará a ¡seis personas! en Balears, con 830 muertes suplementarias solo por la pandemia. La inagotable voluntad pedagógica de la izquierda no amaina ni ante las negras perspectivas electorales.
Cada persona decide en todo momento sobre su vida, y el encarnizamiento terapéutico resulta inadmisible por bienintencionado que sea. Aun así, los médicos de UCI recuerdan a pocos pacientes que les pidieran la muerte, frente a la ambición por sobrevivir a la experiencia. De nuevo, las respuestas antagónicas de Stephen Hawking y Ramón Sampedro ante unas condiciones extremas comparten la misma dignidad.
