El tribunal de la Audiencia Nacional celebró ayer una jornada maratoniana, centrada en el análisis económico y bancario de la operación que ha llevado al banquillo de los acusados a tres de los máximos responsables de Sa Nostra, Pere Batle, Pau Dolç y Rafel Oliver. Una sesión que quedó marcada por la declaración de los dos técnicos del Banco de España, que han elaborado un complejo informe de la operación con el fallecido empresario Martín Gual para financiar la compra de los terrenos de Son Bordoy, en el Molinar.
Los dos técnicos afirmaron que esta operación no solo fue ilegal porque no se cumplieron con las normas y los criterios bancarios, sino que no tenía ningún sentido económico desde la posición de una caja de ahorros. A Martín Gual se le ofreció desde Sa Nostra que comprara estos terrenos rústicos del Molinar, que eran propiedad de las empresa Fbex e Ibercom, en grandes dificultades económicas. Los ejecutivos de la caja buscaron un comprador, para encontrar una salida a las dos citadas sociedades, y por ello ofrecieron a Martín Gual intervenir en la operación por su solvencia profesional. El empresario aceptó la operación para quedarse con los terrenos, pero exigió que Sa Nostra le comprara, a la vez que asumiera las deudas, dos empresas que eran acreedoras de la caja de ahorros. Con esta compra de participaciones la caja de ahorros se quedaba con varios terrenos en la península, cuyo valor nunca fue calculado.
Los peritos del Banco de España afirmaron que en esta operación no se siguió el principio de prudencia que debe cumplir una entidad financiera y aseguraron que Sa Nostra regaló dinero al empresario. Cuestionaron la operación para salvar a las dos empresas que tenían el solar de Son Bordoy y que lo más adecuado hubiera sido ejecutar el préstamo y quedarse con los solares, aunque ello hubiera supuesto pérdidas, que habrían sido inferiores a las que después se asumieron al financiar a Martín Gual la compra de los solares rústicos.
También señalaron los técnicos que los solares se compraron por encima de su valor real y cuestionaron que los directivos cumplieran el acuerdo con Gual sin conocer todos los activos de sus sociedades. Criticaron que no se tuviera en cuenta el informe interno que rechazaba la operación, que después afectó a la viabilidad de la caja. Los abogados defensores atacaron las conclusiones de los peritos.
