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El Govern se lanza en solitario contra la banca por los teléfonos gratuitos

Consumo cuestiona la pasividad del resto de autonomías

Imagen de unas oficinas de ING en Palma, una de las entidades a las que se ha dirigido Consumo. Guillem Bosch

La Dirección General de Consumo de Baleares ha dado un golpe sobre la mesa ante la pasividad del resto de autonomías y ha decidido asumir en solitario la apertura de expedientes sancionadores contra las entidades financieras y aseguradoras denunciadas por la organización Asufin por no destacar los teléfonos gratuitos que están obligadas a ofrecer a sus clientes, decisión que ha sido comunicada tanto al resto de comunidades como al propio Ministerio del ramo que lidera Alberto Garzón.

La postura que se ha adoptado desde las islas por parte de este departamento dependiente del Govern es iniciar ya en solitario los trámites para abrir un expediente sancionador a cuatro de estas empresas, después de comprobar que a fecha de hoy persisten en su actitud de mantener teléfonos de tarifación normal en sus páginas web y no los de carácter gratuito, tal y como exige la normativa desde finales del pasado año, o en algún caso este último aparece en zonas más difíciles de detectar por los consumidores. Estas cuatro entidades financieras y aseguradoras son Banca March, Axa, ING y Deutsche Bank, a las que ya se ha remitido desde la citada Dirección General una carta para que rectifiquen de forma inmediata, situando un número telefónico gratuito en zonas destacadas en sus webs, ya que en caso contrario se procederá a abrir los citados expedientes.

Había otras cuatro entidades a las que se ha investigado tras la denuncia de Asufin, pero en su caso se ha comprobado que han regularizado su situación.

Carta de Félix Alonso

La comunicación firmada por el director general de Consumo de las islas, Félix Alonso, y remitida al resto de autonomías y al Ministerio, señala que «cuando hace unos meses pusimos sobre la mesa la posibilidad de reunirnos para intentar redactar un protocolo de coordinación ante las diferentes denuncias por parte de las asociaciones, lo hacíamos con la clara voluntad de ser operativos y no duplicar funciones y trabajos en nuestras saturadas autoridades de consumo. Hemos constatado que las propuestas hasta ahora presentadas no consiguen crear el consenso necesario y que, a la vez, sean efectivas. El resultado es que, a día de hoy, tenemos paralizadas una serie de denuncias a entidades bancarias, que cualquier lectura desde fuera de nuestro ecosistema administrativo de Consumo pueden ser interpretadas como una dilación exprofeso».

Por ello, desde las islas se comunica al resto de departamentos autonómicos que ya no esperan más a la hora de coordinarse para tramitar esos expedientes, y que el Govern asume en solitario su inicio.

Para ello, además se ha solicitado a las cuatro entidades antes señaladas que aporten información sobre el número de clientes de que disponen en el archipiélago.

Hay que recordar que en marzo se celebró una reunión entre el Ministerio y los diferentes departamentos de Consumo de cada autonomía para coordinarse a la hora de tramitar las denuncias recibidas por diferentes organizaciones, como la mencionada de la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin) y que afectaban a más de una zona de España, para evitar así duplicidades en las actuaciones. Sin embargo, casi dos meses después no se ha dado ningún paso en ese sentido, lo que ha agotado la paciencia de los responsables de Consumo en Baleares, que optan ahora por no esperar más e iniciar la tramitación de los citados expedientes.

En este sentido, el secretario general de la asociación de consumidores Facua, Rubén Sánchez, declaró recientemente que la Administración balear se ha convertido en la más activa de España a la hora de tramitar las denuncias presentadas por este tipo de entidades, frente a la pasividad demostrada por departamentos de Consumo de otras regiones.

Buscar un protocolo para evitar duplicidades

La carta remitida desde el departamento balear de Consumo reitera la predisposición del Govern para negociar con el resto de autonomías un protocolo de actuación que evite duplicidades a la hora de tramitar las denuncias, dado que una empresa no puede ser sancionada por más de una Administración por una misma falta.

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