Los abogados de la acusación en el juicio contra la antigua cúpula de Sa Nostra pusieron ayer en duda la formación de los integrantes del Consejo de Administración, de diversa procedencia, por su desconocimiento sobre la dinámica económica y sobre el negocio bancario. Estas personas, representantes de entidades públicas y sociales, eran las responsables de autorizar las grandes operaciones de préstamo que realizaba la caja de ahorros, a pesar de que ninguno de ellos, no solo no tenía conocimientos de banca, sino que tampoco eran expertos económicos.
Varios de estos antiguos consejeros declararon ayer en el juicio que se celebra en la Audiencia Nacional, en el que se juzga a los dos ex directores generales de Sa Nostra, Pere Batle y Pau Dolç; al exdirector de Invernostra, Rafael Oliver; y un antiguo empleado de la empresa del constructor Martín Gual, Javier Collado. A los ejecutivos se les acusa de haber provocado la quiebra de la entidad bancaria, al haber concedido un préstamo millonario al constructor a pesar de que no se contaba con garantías para poder devolver el dinero.
Los consejeros señalaron ayer que las reuniones se celebraban mensualmente. Se les daba la documentación que recogía los detalles de las operaciones que se pretendían aprobar. Los encargados de explicar las propuestas eran Batle o Dolç, que eran los únicos con conocimientos económicos. Estos testigos señalaron que daban por hecho de que todas las operaciones que se presentaban para su aprobación previamente habían pasado por los filtros internos de la caja de ahorros, de tal forma que se había analizado el nivel de riesgo que se asumía con la concesión de cada uno de los créditos.
Confianza
Uno de los integrantes de esta comisión ejecutiva insistió en que dentro de la Junta existía una confianza ciega en la actuación de los directores generales, si bien no recordó los detalles de la operación por la que se aprobó un crédito de cerca de 80 millones de euros a Martín Gual por la compra de los terrenos de Son Bordoy.
Por otra parte, el antiguo secretario del Consejo de Administración y responsable del área jurídica quitó importancia al hecho de que la operación con el constructor se aprobara, a pesar de que existía un informe negativo del analista de riesgos de Sa Nostra. Gabriel Coll explicó que estas operaciones se discutían en estos consejos, aunque los distintos puntos de vista no quedaran reflejados en las actas, y lo que se valoraba por encima de todo era una visión global de la operación más que un informe en concreto. El exempleado de la caja de ahorros afirmó que los dos ex directores generales no tenían capacidad de imponer ninguna operación de crédito y que nunca se aprobó una financiación si no se disponía de una autorización unánime. También señaló que los máximos ejecutivos de la caja no eran los encargados del seguimiento de la operación y que la entidad imponía cinco controles distintos para comprobar si el cliente devolvía el dinero recibido. Explicó el antiguo asesor que muchas de las operaciones económicas debían ser aprobadas por el Govern y también defendió el préstamo que se concedió a Martín Gual. Afirmó que también se le habían denegado otros préstamos.
