El pasado miércoles el Gobierno publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el decreto ley que ponía fin al estado de alarma a partir de ayer domingo. Entre otras medidas, este decreto ley derogaba el artículo que permitía a las administraciones públicas de toda España, en aras a hacer frente a la pandemia de la covid-19, contratar por la vía de urgencia, casi sin controles administrativos e incluso pagando por adelantado.
El Govern, especialmente el IB-Salut, ha utilizado de forma importante esta fórmula en 360 contratos y un montante de 126,5 millones de euros desde el pasado mes de octubre, fecha en que se decretó el estado de alarma. Básicamente, han sido contratos por la adquisición de material sanitario para hacer frente a la pandemia, según informaron desde el Servei de Salut.
Entre los requisitos que el decreto ley de estado de alarma permitía saltarse es el del concurso público o contratos negociados cuando superen los 60.000 euros. En el caso del Govern se han realizado contratos por valor de millones de euros en la mayoría de consells de Govern. De hecho, el comunicar la compra y los motivos de la misma al Consell de Govern era uno de los pocos requisitos exigibles.
En concreto, el artículo ahora derogado del decreto ley 9/2020 que aprobaba el estado de alarma apuntaba: «Todos los contratos que hayan de celebrarse por las entidades del sector público para atender las necesidades derivadas de la protección de las personas para hacer frente al covid-19, les resultará de aplicación la tramitación de emergencia».
En el párrafo siguiente les eximía de seguir la Ley de Contratos del Sector Público: «Si fuera necesario realizar abonos a cuenta por actuaciones preparatorias a realizar por el contratista, no será de aplicación lo dispuesto respecto a las garantías en la mencionada Ley 9/2017 (Ley de Contratos), siendo el órgano de contratación quien determinará tal circunstancia en función de la naturaleza de la prestación a contratar y la posibilidad de satisfacer la necesidad por otras vías. De la justificación de la decisión adoptada deberá dejarse constancia en el expediente».
Los servicios jurídicos del IB-Salut están estudiando qué procedimiento utilizar ahora para compras de urgencia
Mediante esta vía el IB-Salut ha realizado importantes compras e incluso la Oficina Anticorrupción que dirige Jaume Far las ha investigado. El motivo de las pesquisas de Anticorrupción se centraba en que al adquirir mascarillas, guantes u otro tipo de material sanitario muy escaso en el mundo y por la vía de emergencia «había la posibilidad de contratar con empresas piratas, asentadas en paraísos fiscales y que podían llegar a financiar el terrorismo», explicó el director de Anticorrupción.
La más polémica fue la que intermedió la abogada china del bufete del exsocialista José María Lafuente. Hay que recordar que en los primeros meses de pandemia, el IB-Salut compró 430 toneladas de material sanitario por valor de más de 40 millones de euros.
Desde el Servei de Salut explicaron que todas las compras de emergencia están avaladas, primero por el estado de alarma y después por el decreto 4/2020 del Govern que permite la tramitación de expedientes urgentes para hacer frente a la crisis sanitaria.
En estos momentos, los servicios jurídicos del IB-Salut están estudiando qué procedimiento utilizar para acometer compras de emergencia, a partir de ahora sin el escudo del estado de alarma.
LAS CLAVES
- El estado de alarma permitía a las administraciones comprar por la vía de urgencia e incluso pagando por adelantado a los proveedores.
- El Govern, en concreto el IB-Salut, ha realizado 360 contratos por esta vía con un montante de 126,6 millones de euros.
- La finalización del estado de alarma obligará ahora a las administraciones a pasar más controles a la hora de realizar compras de emergencia.
