La Comisión de Ética Pública (CEP) del Govern balear ha «exculpado» a la ibicenca Núria Riera de haber actuado irregularmente en el cobro de la indemnización por razón del servicio prevista en el artículo 16 de la Ley 14/2018, de 28 de diciembre, para los miembros del Ejecutivo de la Comunitat. En febrero, el conseller de Transición Energética, Juan Pedro Yllanes, comunicó a Riera su cese como directora general de Innovación a pesar de que la Comisión de Ética aún investigaba su caso: se acusaba a la pitiusa de haber cobrado 22.000 euros de ese plus anual de residencia gracias a que se empadronó en Eivissa justo antes de tomar posesión de ese cargo y pese a tener una vivienda de su propiedad en Mallorca.
Pero la CEP considera «probado» que Núria Riera «ha tenido y tiene residencia real y continuada en la isla de Eivissa, por más que el registro de empadronamiento no haya reflejado esta situación material hasta junio del año 2019», se recalca en el acuerdo, fechado el pasado lunes. A su juicio, Riera «está claramente ligada a Eivissa, de la cual es natural, donde ha trabajado buena parte de los años que ha estado de alta en la Seguridad Social y residiendo en un inmueble propiedad de su familia que tiene que considerarse domicilio propio». Tras su nombramiento como alto cargo, su vecindad continuada en Eivissa «ha quedado demostrada con los desplazamientos semanales que ha realizado a esa isla, los cuales no se habrían producido si el empadronamiento en Eivissa hubiera sido un artificio para cobrar la indemnización por residencia», arguye.
Además, estima «razonables y coherentes» las explicaciones que dio previamente Riera ante la Oficina Anticorrupción de Balears, así como los motivos por los cuales trasladó su vecindad a Palma en 2005, «sin que se observe intencionalidad o voluntad deliberada de cometer actos dolosos en el hecho de no haber regularizado antes su empadronamiento». Riera era paciente oncológica en el hospital Son Llàtzer, motivo por el que estuvo empadronada en Mallorca durante largo tiempo.
«Se me vapuleó públicamente, no hubo presunción de inocencia en un proceso que no se tuvo que hacer público»
De ahí que el CEP «no constate que Riera haya llevado a cabo hechos o conductas contrarias al Código Ético firmado en el momento de su nombramiento por el hecho de haber solicitado el cobro de la indemnización por residencia, por más que, fruto de su patrimonio personal, obtuviera anualmente rendimientos de capital inmobiliario, por los cuales tributaba».
La Comisión Ética confía en que «este pronunciamiento sirva como reconocimiento exculpatorio que permita, en lo posible, compensar el daño que este dilatado procedimiento ha causado a la persona interesada», y pone en entredicho el papel jugado por la Oficina Anticorrupción. Critica, en ese sentido, cómo se filtró que Riera estaba siendo investigada: «La Comisión de Ética desconoce la vía por la cual los medios de comunicación se han hecho eco de esta denuncia, ha transcendido la identidad de la persona investigada y se ha vulnerado su derecho a la presunción de inocencia y a la protección de sus datos personales».
En ese sentido, la CEP recuerda que la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción balear está sujeta «a una estricta observancia de confidencialidad y reserva máxima para evitar perjuicios a la persona o la entidad investigada, a las personas denunciantes y a las entrevistadas con motivo de las funciones de investigación e inspección; y también para la salvaguardia de la eficacia del procedimiento jurisdiccional o administrativo que se pueda iniciar en consecuencia». Pese a todas esas salvaguardias, critica la CEP, «la realidad es que se han producido filtraciones de las investigaciones llevadas a cabo por la Oficina Anticorrupción que han puesto en entredicho la honorabilidad y el buen nombre de la persona investigada».
«Fui vapuleada»
Riera se felicita de que la Comisión Ética la haya exculpado «de todo». «Pero también -subraya- que ponga en entredicho la labor de la Oficina Anticorrupción, por atentar contra mi honor y por las filtraciones que se hicieron a la prensa. Por una parte me da tranquilidad porque la verdad ha salido a relucir, pero lo he pasado muy mal durante seis meses. Se me vapuleó públicamente, y no hubo ningún tipo de presunción de inocencia en un proceso que no se tuvo que hacer público jamás». La exdirectora de Innovación recuerda que la Oficina Anticorrupción, después de dos alegaciones que ella presentó a sus informes, «dijo que no había ninguna ilegalidad, pero señaló que no le parecía ético lo sucedido, lo que suponía un nuevo juicio de valor, por lo que pasó el caso a la Comisión Ética».
La Comisión Ética cree que se vulneró el derecho de Riera «a la protección de sus datos personales» y se puso en entredicho su honorabilidad
La ibicenca asegura que «todo fue intencionado». «El objetivo -asegura- era quitarme del puesto en el que estaba para meter a otra persona del partido. Las diligencias que llevó a cabo la Oficina Anticorrupción nunca se hacen públicas. Contaron tantos detalles de mi vida… Se vulneró mi honor y mi presunción de inocencia todo el tiempo». Riera estudia con su abogado si, por ese motivo, emprenderá alguna actuación judicial.
