El Grupo Ornitológico Balear (GOB) pidió este martes a la presidenta del Govern, Francina Armengol, que renuncie al diálogo y a la interlocución con las empresas que transportan detenidos o personas migrantes y que no puedan optar a rescates públicos o las ayudas procedentes de los fondos europeos «mientras hacen negocio con la vida de las personas».

En una nota de prensa, el GOB se refirió a un informe de la empresa Corporate Watch, que detalla los contratos de la compañía aérea Evelop -del grupo Barceló- y de Air Nostrum con el Estado para deportar personas migrantes y trasladar detenidos.

Según apunta el GOB, Evelop tiene el contrato para llevar a cabo los vuelos de deportación tras un acuerdo con el Ministerio del Interior en diciembre de 2019 mientras que, por su parte, Air Nostrum, a través de Iberia Regional, transporta detenidos dentro de España para ser deportados después desde Madrid.

El valor total del contrato, subraya el GOB siguiendo el informe, es de 9,9 millones de euros con una duración de 18 meses. Y según apunta, los «beneficiarios principales» de dicho contrato «se alternan cada pocos años entre Evelop y Air Europa, de Globalia».

En noviembre de 2020, indica el GOB, Evelop llevó a cabo las primeras deportaciones chárter desde España desde las restricciones de viajes impuestas por la Covid-19. A bordo, según el Grupo Ornitológico, había 22 migrantes, la mayoría senegaleses, que habían viajado en barco en las Islas Canarias. «Evelop y el Gobierno español los abandonaron en Mauritania, según un acuerdo con el país para aceptar cualquier migrante que llegara al lado de las islas», denuncia el GOB. «Los activistas contra la deportación afirman que desde la supresión de las restricciones de viaje, Evelop también ha deportado personas en Georgia, Albania, Colombia y la República Dominicana», añade.

Por este motivo, el Grupo Ornitológico Balear exige al Gobierno de Francina Armengol que «denuncie el negocio ilícito de la familia Barceló» y no acepte diálogo ni interlocución mientras «siga haciendo negocio con la vulneración de los derechos humanos fundamentales, beneficiándose de la deportación de las personas migrantes». Reclama por tanto que «este empresariado turístico no opte a ningún tipo de rescate público ni opción a fondo europeos mientras siga haciendo negocio con la vida de las personas».