El Gobierno de Pedro Sánchez cuestiona la congelación salarial de los funcionarios del Govern. Mientras la presidenta Francina Armengol rechazó llevar los presupuestos de Sánchez al Constitucional por el incumplimiento del REB, el ejecutivo central no ha dudado en amenazar con un recurso de inconstitucionalidad a las últimas cuentas de Balears por evitar aplicar a sus trabajadores públicos la subida salarial del 2’9% aprobada por el Gobierno.
Según recogió ayer el BOIB, Gobierno y Govern se han emplazado a una nueva comisión bilateral para resolver las discrepancias sobre la legalidad de dos artículos de la ley de presupuestos de este 2021. Se trata de los artículos 12 y 24. El primero de ellos es el que prevé la congelación salarial de los funcionarios, y el segundo el que contempla la posibilidad de abonar este año la carrera profesional a los trabajadores interinos tal y como obligan diferentes sentencias judiciales.
Cabe que al inicio de la pandemia y en vistas a las perspectivas económicas de la comunidad, el Govern decidió compensar la subida del 2% del año pasado aprobada por el Gobierno recortando complementos, de tal modo que los sueldos quedaran congelados. Lo mismo, con la subida del 0’9% para este año. Ahora, el ejecutivo central cuestiona que Balears haya congelado su subida a los funcionarios. Desde el Govern entienden que esta cuestión quedó resuelta con la aprobación el pasado mes de febrero del decreto que aplicaba la subida en el salario base y en los trienios, ya que pese a que se compense con un recorte en los complementos, da cumplimiento al aumento aprobado por el Gobierno.
Por otra parte, el ejecutivo central cuestiona la posibilidad de abonar la carrera profesional al personal interino y temporal de la comunidad. Pese a que el Govern asegura que entiende que se cumple con la legalidad, Función Pública ya comunicó recientemente a los sindicatos que dejaría el pago del plus a los interinos fuera de los acuerdos a los que se fuera llegando mientras se resuelve la discrepancia con el Gobierno.
Cabe recordar que diferentes sentencias dictadas entre finales de 2019 y principios de 2020 fallaron que el Govern debe abonar el cien por cien de la carrera profesional al personal interino de los servicios generales de la comunidad como al personal de salud.
Enésimo aviso
Ahora, el Govern deberá persuadir al Gobierno de la legalidad de ambas medidas. De la negociación dependerá de que las cuentas puedan acabar o no en manos del Constitucional.
Pese a la coincidencia de color político en Moncloa y en el Consolat, desde la llegada de Pedro Sánchez, los avisos de inconstitucionalidad contra leyes del Govern han sido continuos. Si bien en la mayoría de ellos se ha llegado a acuerdos que han evitado acabar en el alto tribunal, en muchas ocasiones el gobierno autonómico ha tenido que ceder y modificar la redacción de sus leyes.
