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Otros dos directivos de Sa Nostra se desmarcan de la quiebra

Pau Dolç y Rafel Oliver bendicen ante el tribunal la operación de Son Bordoy

Pau Dolç sustituyó a Batle al frente de la Caja de Ahorros de Balears.

Pau Dolç y Rafel Oliver, los dos exdirectivos de Sa Nostra, mantuvieron ayer la misma línea de defensa que su excompañero Pere Batle, al desmarcarse de cualquier tipo de responsabilidad en la quiebra de la caja de ahorros de Balears, que tuvo que ser absorbido por una entidad más solvente. Ambos defendieron ante el tribunal de la Audiencia Nacional la decisión adoptada en el año 2008 de impulsar la venta de los solares de Son Bordoy, en el Molinar, al empresario Martín Gual para proteger este activo que estaba en manos de dos empresas que sufrían una grave situación económica.

En el año 2008 Dolç ocupaba el cargo de vicedirector general de Sa Nostra y un año más tarde sustituyó en la dirección a Pere Batle. Ambos ejecutivos de la entidad se implicaron en la operación que está siendo juzgada. Al igual que sostuvo Batle en la primera sesión del juicio, su sucesor incidió ayer que en el año 2008 el precio del suelo seguía siendo muy alto en Baleares, a pesar de que se empezaban a notar los primeros síntomas de la crisis económica.

El ejecutivo mantuvo un enfrentamiento con la fiscalía, que acusa a los directivos de Sa Nostra de haber adoptado las decisiones económicas equivocadas que llevaron a la entidad a la quiebra. Dolç rechaza esta acusación y ayer volvió a bendecir, al igual que hizo el miércoles su predecesor, la oportunidad de la operación que se realizó con el empresario, ya difunto, Martín Gual, del que destacó su gran profesionalidad como gestor inmobiliario. Reiteró el ejecutivo, defendido por el abogado Eduardo Valdivia, que si no se hubiera impulsado esta operación los terrenos se habrían perdido, ya que las dos empresas propietarias estaban en crisis. Por esta razón se optó por recurrir al empresario Martín Gual, que tenía un perfil mucho más profesional y sobre todo mucho más solvente que las otras dos sociedades, Fbex y grupo Ibercom.

Doçs también destacó el plan de negocio que existía sobre estos solares, que al ser adquiridos eran rústicos, pero sobre los que había un proyecto de convertirlos en urbanos, tal como después ocurrido. Este cambio urbanístico, que permití ala construcción de hasta 750 casas, se realizó cuando ya no estaba en Sa Nostra, por lo que no participó en la gestión para que el solar quedara en manos del Sareb, conocido también como banco malo. El ejecutivo también quitó importancia a los informes de auditoría que desaconsejaban esta operación, debido a la dificultad económica que empezaba a sufrir el negocio del ladrillo. Para defender su gestión insistió en que si no se hubiese hecho nada y no se hubiera impulsado la operación con Martín Gual, los terrenos se habrían perdido, dado que las dos empresas propietarias eran también deudores de la caja de ahorros y ambas tenían graves dificultades económicas.

Las defensas han presentado en el juicio un informe pericial que calcula el valor actual de estos tres solares del Molinar en unos 80 millones de euros, dadas sus posibilidades constructivas, si bien el valor por el que fue adjudicado al Sareb era de unos 20 millones. El exdirector general se desmarcó de esta entrega del activo inmobiliario al banco malo.

El siguiente en declarar fue Rafael Oliver, directivo de Sa Nostra y máximo responsable de Invernostra, la sociedad inmobiliaria propiedad de la caja de ahorros. Esta era la sociedad que se utilizaba para participar en las empresas a las que se concedían préstamos para determinados proyectos inmobiliarios. Oliver, defendido por el abogado Llorenç Salvà, afirmó que no participó directamente de la operación de Son Bordoy, que fue tripulada desde la dirección, si bien también consideró que se trataba de un negocio positivo para la entidad.

Continúa en la Audiencia Nacional el juicio contra los acusados de quebrar Sa Nostra

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La fiscal le citó a Oliver varios correos, dirigidos a él, en los que se señalaba las características de esta operación inmobiliaria. Entre estos correos aparecían los informes de auditoría que desaconsejaban la operación y la concesión del préstamo, de unos 70 millones de euros, para el empresario de la construcción. El responsable de Invernostra respondió que se limitaba a reenviar estos mensajes a otra dirección, al considerar que no se trataba de una operación bajo su dirección. E insistió en que su gestión se centraba en Invernostra, y no en Sa Nostra, encargándose sobre todo de las empresas participadas.

El último de los acusados en declarar ayer fue Javier Collado, alto directivo de la constructora de Martín Gual. Se trata de un experto inmobiliario, con amplia experiencia en el sector, que fue contratado para dirigir la operación para conseguir el cambio urbanístico de los terrenos de Son Bordoy. Defendido por el abogado Jaime Campaner, el ejecutivo insistió en el éxito de su gestión al frente de este proyecto, porque consiguió la recalificación de los terrenos, que pasaron de un valor inicial de 20 millones de euros, a 80 millones, al poder permitirse una amplia urbanización.

El ejecutivo inmobiliario explicó que este solar se benefició de la llamada ley Carbonero. Una norma que permitía la recalificación de determinados terrenos, siempre y cuando una amplia parte del solar se dedicara a construir vivienda protegida. Collado fue el autor del proyecto que se presentó para conseguir este beneficio urbanístico y logró la autorización que se perseguía.

La fiscalía cuestiona que, si es cierto que se trataba de un solar tan interesante desde el punto de vista inmobiliario, a fecha de hoy todavía no se ha iniciado ninguna construcción. Collado se refirió a las dificultades que tuvo que superar el proyecto, que fue modificado hasta su aprobación definitiva en el año 2012, cuatro años después de la concesión del crédito aprobado por Sa Nostra. Insistió también que en ese momento la caja de ahorros ya había sido absorbida por el Banco Mediterráneo y que él se apartó de la empresa una vez que logró el objetivo que le habían planteado.

Los cuatro directivos se enfrentan a una triple acusación, encabezada por la fiscalía y seguida por la Abogacía del Estado y por Bankia, que tuvo que asumir las pérdidas de Sa Nostra. Las acusaciones mantienen que este préstamo de 70 millones no fue más que una operación de maquillaje para evitar la quiebra de las dos empresas constructoras que tenían la propiedad del solar del Molinar. E insisten que se aprobó un préstamo millonario, que a la postre provocó enormes pérdidas económicas a la entidad, que la arrastró a una situación de quiebra, sin haber tenido en cuenta todos los informes técnicos que desaconsejaban la operación. Por esta razón solicitan penas de cuatro años de cárcel para los tres directivos bancarios y dos años para el experto inmobiliario.

El juicio seguirá el próximo lunes con la declaración de los testigos.

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