Corría finales de 2019 y la falta de Gobierno y la repetición electoral dejaron en el aire 6.000 millones de euros que el ejecutivo central debía transferir a las comunidades. En el caso de Balears, 177 millones. La presión de las autonomías logró el desbloqueo de una parte de estos fondos, y llegaron a las islas 98 millones. Sin embargo, quedó pendiente de pago una mensualidad del IVA que se venía arrastrando desde finales de 2017 y que se traducía en 78 millones para Balears. Mientras alguna comunidad decidió acudir a los tribunales, el Govern de Francina Armengol apostó por confiar en la buena fe de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en las cuentas de 2020. Ahora, mientras las islas aún esperan esos fondos, siempre útiles en las arcas públicas, el Tribunal Supremo obliga al Gobierno a abonar lo que le debe por ese mismo concepto a Castilla y León.
El alto tribunal ha estimado parcialmente el recurso presentado por el gobierno del popular Alfonso Fernández Mañueco, dando la razón a Castilla y León y obligando al Gobierno de Pedro Sánchez al pago de ese concepto a las autonomías. Según el gobierno castellanoleonés, esta sentencia «puede abrir la vía a los recursos de las demás comunidades autónomas en idéntica situación, lo que supondrá para el Estado analizar el pago de hasta 4.150 millones», de ellos 78 para Balears.
El Govern estudia la sentencia
Los servicios jurídicos del Govern analizan ahora la sentencia y, si bien desde la Conselleria de Hacienda aseguran que no se descarta aprovechar la sentencia para acudir a los tribunales, defienden una «solución consensuada» con el Ministerio de Hacienda que sea aplicable a todas las comunidades. En todo caso, el departamento de Rosario Sánchez asegura que se «mantiene la reclamación» de los 78 millones que se comunicaron en su día por ese concepto, a la espera del cálculo definitivo de los criterios que ahora determina la sentencia del Supremo y de la solución que plantee como respuesta el Ministerio de María Jesús Montero.
Cabe recordar que cuando la cantidad total adeudada se elevaba a 177 millones, el Parlament aprobó con los votos de los partidos del Pacto dar hasta noviembre de 2019 al Gobierno de Sánchez para reclamar esos fondos y, sino, recurrir a la vía judicial. Pese a que sólo se abonó una parte, no se llegó a recurrir a la vía judicial.
Pese a que a inicios de 2020, la ministra Montero enterró la posibilidad de abonar ese IVA a las autonomías, la justicia da ahora una nueva oportunidad al Govern.
