Después de comparecer en el Parlament aseguró que se sentía perseguido y que se ponía en duda su honorabilidad, honestidad y profesionalidad. ¿Por parte de quién y por qué?
Comparecí en el Parlament para defender mi gestión ante el informe de la Sindicatura [que les acusa de irregularidades en la contratación]. Se trata de un informe en el que no estamos de acuerdo y no sabemos por qué no admitieron alegaciones que eran contundentes. Y especialmente cuando ves que no aplican su instrucción interna sobre cómo se hacen los informes, utilizan conclusiones que no se sostienen y en los informes de otras instituciones no califican de infracciones graves desfases presupuestarios de mucho más calado.
¿Entonces es la Sindicatura que ha iniciado la persecución?
No sé si le puede llamar persecución. Se trata de un informe técnico, de legalidad sobre contratos y gestión de personal y en este ámbito es en el que creemos que tendrían que haber concluido el informe de otra forma.
¿Cree que este duro informe contra la Sindicatura de Comptes está relacionado con su investigación sobre la vacunación de altos cargos?
Diría que no, ya que la auditoría que realizó la Sindicatura partía de Ciudadanos y Vox y no del Pacto de Govern que creó esta Oficina. Creo que es casualidad.
¿Se arrepiente de haber iniciado la investigación de las vacunaciones de altos cargos?
No, para nada. La volvería a iniciar hoy mismo. Además del componente ético y de responsabilidad pública que tienen todos los altos cargos, hay tres leyes que establecen como infracción muy grave utilizar la condición de alto cargo para obtener un beneficio particular o para un tercero. Según la Ley de Transparencia, está castigada con la destitución. Si un alto cargo ha empleado su condición para inyectarse la vacuna, en un momento que no le tocaba, entendemos que puede tener encaje en esta infracción muy grave. Por consiguiente, no es una cuestión solo de ética laboral o de honestidad, se está infringiendo una norma.
Le han criticado por solicitar el listado de 130.000 personas vacunadas. ¿Se excedió, como piensan en el Govern?
Solicitamos el listado de todas las personas vacunadas para poder cruzar datos. Le pedimos al IB-Salut que nos informara de quién se había vacunado, días, horas, lugar y si ello encajaba en el protocolo. Nuestro objetivo, con esta información, era que pudiéramos discriminar quiénes son altos cargos y quiénes forman parte del vínculo personal de estos altos cargos para concluir nosotros con la investigación. El Govern nos dice que estamos pidiendo información sensible, ya que tiene que ver con la salud de gente que en más del 90% no son altos cargos ni familiares. Por ello entendimos que podían tener razón y aceptamos el recurso.
¿Fue entonces cuando decidieron pedir la información sobre vacunación de los 1.800 cargos públicos de Balears?
Decidimos actuar justo al revés de la primer vez. Nosotros les dimos el listado de todos los cargos públicos, que tienen responsabilidad ante la Oficina, y ahora tú, IB-Salut, dime si están vacunados o no. Podremos verificar si algún cargo se vacunó en un momento que no le tocaba, pero no si su condición de privilegio ha beneficiado a terceros.
¿Pedir el listado de cargos ha sido considerado como un ‘Y tú más’ al bloqueo del Govern?
No lo entiendo así. Les hemos dado la razón en el tema de que era excesivo el listado de todos los vacunados. Hemos reculado y ahora solicitamos la mínima información que podemos pedir.
¿Esta información es suficiente para poder realizar su investigación con garantías?
Que el IB-Salut nos haya remitido la información sobre vacunación de los altos cargos no quiere decir que nos quedemos aquí. El que un alto cargo se aproveche de su condición puede ser para él o por otra persona. Por ello, a partir de esta información, solicitaremos otra en función de la evolución de la investigación.
¿Hay una guerra abierta entre su Oficina y el Govern?
No, no.
¿Hay movimientos políticos para cerrar la Oficina o sustituirle a usted como director?
Me podrían destituir si cometo una infracción muy grave y por ello quise defender la legalidad ante un informe de la Sindicatura que no considero correcto. Un ente como la Oficina de Lucha contra la Corrupción debe ser molesto para el que gobierna. Si no fuéramos molestos y pasásemos desapercibidos, alguna cosa haríamos mal. No tengo constancia de que quieran hacer desaparecer a la Oficina ni a este director. No hay vuelta atrás. Este año se aprobará una ley estatal de protección de denunciantes, como marca la Unión Europea, y se creará una autoridad nacional de lucha contra la corrupción.
¿El informe de la Sindicatura tenía el objeto de desprestigiarle para provocar cambios?
No se lo puedo decir. El informe hablaba de unas conclusiones y yo traté de defender que no eran nada correctas.
La Abogacía de la Comunidad también es muy dura con usted.
La Oficina no es infalible. Estimamos el recurso en parte en el tema de las vacunas y no puedo valorar la dureza de las alegaciones. Sí creo que la Abogacía no entendió bien nuestro requerimiento al IB-Salut, ya que presentó el recurso defendiendo al IB-Salut cuando no era un organismo investigado, era el órgano que tenía la información. Es cierto que el informe que hicieron sobre nuestra investigación de las compras exprés del IB-Salut era duro, ya que entendían que poníamos en duda la legalidad de estas compras. Nosotros no queríamos controlar la gestión del Govern, lo que pretendíamos era controlar a los proveedores ante la alarma de organismos internacionales de la existencia de piratas y entidades que se dedican al blanqueo de capitales y financiación del terrorismo en China.
¿Qué opina del intento de reprobarle por parte del PSOE?
No tengo opinión.
¿Su investigación sobre la posible incompatibilidad del síndico mayor, Joan Rosselló, para auditar las cuentas de la UIB fue el inicio del enfrentamiento con la Sindicatura?
No se lo puedo decir. Es cierto, salió publicado en la prensa y nosotros no lo filtramos, que una persona presentó una denuncia sobre este caso y lo investigamos.
¿Cómo llega Jaume Far a la dirección de la Oficina Anticorrupción?
A mí me llaman desde dos grupos [Més-Podemos] que apoyan al Govern la pasada legislatura y me dicen que están buscando perfiles y apuntaron que un perfil como el mío, que además de inspector de Hacienda empecé como interventor del Estado, creían que podía encajar. Yo creía que había otros candidatos, ya que se habló de catedráticos, de gente de la judicatura o de la intervención. Me hubiera gustado que se presentaran más candidatos, como ocurrió en Cataluña o Valencia para evitar parecer que era una imposición de alguien, pero al final fui el único.
Se critica su elevado sueldo, casi 20.000 euros más al año que la presidenta del Govern.
Uno parte de un sueldo anterior. Si siguiera trabajando en la Agencia Tributaria creo que ganaría más. Los interventores del Consell ganan 120.000 euros. A mí se me redujo el sueldo y cobro lo mismo que los síndicos de la Sindicatura. Hay mucha demagogia en el tema de los sueldos públicos. Yo soy partidario de que los cargos públicos estén bien pagados y lo que cobran los del Govern es pobre, ya que si quieres atraer a personas con perfil y buena trayectoria profesional se debe retribuir, tienen que estar bien pagados.
¿Qué volumen de denuncias manejan?
En el 2019 se registraron 50, en 2020 llegamos a las 70 y en lo que llevamos de año estamos en torno a las 35. Para el año que viene pediremos al Govern dos personas más para investigar. La Sindicatura, que respeto muchísimo su gran trabajo, no investiga las posibles irregularidades que detecta. Ello tendríamos que investigarlo nosotros pero no damos abasto.
