Ursula von der Leyen, vigente presidenta de la Comisión Europea aunque sin demasiado futuro, se vacuna en público con AstraZeneca. En cambio, la inmunización anticipada por apropiación indebida de altos cargos de Balears es un secreto de Estado, incluso cuando la relación es demandada por una Oficina Anticorrupción que necesita con urgencia una operación que justifique su costosa existencia.
La obstrucción comprometedora solo se ha cancelado cuando el PSOE, que ya destituyó al coordinador de vacunación, se ha convencido de que su actitud era contraproducente porque inducía a sospechar a sus afines. Sin embargo, los políticos en sentido estricto son la menor preocupación de Jaume Far, que cuenta con experimentados adversarios en la nomenklatura funcionarial de la Comunidad.
El propio Far empezó la pelea, investigando al Síndic Major por haber auditado a la UIB de la que procede. La tramitación de una irregularidad venial solo se archivó al ser publicada por este diario. Para más inri, las plantillas con sueldos suculentos de la Sindicatura y la Oficina están cruzadas, un caldo de cultivo idóneo para la conspiración. La pregunta no es por una vez quién tiene razón. Ni siquiera quién manda aquí, como en el Humpty Dumpty de Alicia. El interrogante es quién pierde cuando, el uno por el otro, la corrupción sin barrer.
