A la orden del día está, a estas alturas, que los propietarios de pisos en alquiler se nieguen a hacer contratos a sus inquilinos. Aquello del acuerdo verbal y el pago de las mensualidades en mano, se acepta cuando no queda más remedio. Es el caso de una familia a la que la Plataforma Afectados por la Hipoteca (PAH) ha echado no una, sino mil manos. Gracias a su intermediación descubrieron que quienes decían ser sus caseros no lo son.

Ariana Chacón llegó a Mallorca con su pareja y su hija hace año y medio. Otra familia errante de venezolanos que desembarcó en una isla en la que la ocupación de temporada estaba asegurada. La pandemia entonces ni estaba ni se la esperaba. Regularizaron su situación migratoria y, con los permisos en regla, llegó el trabajo en hostelería.

«Primero vivimos con un familiar», relata. Después se dispusieron a alquilar un piso, con la temporada turística en marcha. Encontraron una casa en Andratx, por 700 euros. Era febrero del año pasado, la pareja ya tenía trabajo. «Fue lo más accesible que encontramos». Les pedían un mes de fianza. Había un ‘pero’. «La señora, polaca y su pareja, «un inglés», el supuesto propietario, no querían contrato y había que pagar en mano, incluidos los servicios de agua y luz. Una oda al dinero negro que sigue corriendo a raudales en el sector inmobiliario. Un calvario cuando en medio de estos tejemanejes hay personas vulnerables.

Los caseros les dijeron «que no podían hacerlo legalmente. Aceptamos, no teníamos otro lugar. Dormíamos en un colchón en el suelo» en casa de unos familiares. Los arrendadores residían en la casa de al lado. Ariana y su pareja estaban trabajando de camareros, ella en Sant Telm y él en Port d’Andratx. Hasta que todo se empieza a torcer con el virus y el estado de alarma. «Mi esposo entró en ERTE (expediente de regulación de empleo temporal)». Ya no podían pagar la mensualidad completa. «Nos empezó la mujer a presionar. Nos decía que iban a venir los hijos del señor y que nos teníamos que ir». Eran vecinos, las amenazas eran continúas.

Ya en junio, Ariana contactó a la PAH. «Les ayudamos a poner la luz y el agua a su nombre», dice Isabel Ruiz, representante de la plataforma en Andratx. También trataron de que pudieran acceder a las ayudas al alquiler, a través del Ayuntamiento. «Se las denegaron porque no había contrato», y al no tenerlo tampoco se podían empadronar ni obtener ayudas de escolarización.

«Conseguimos que les empadronaran —continúa la miembro de la PAH— y a través de los servicios sociales una ayuda de alimentación. El Ayuntamiento, la verdad, hizo hasta donde pudo».

Desaparición

Con el asesoramiento de la organización, «enviamos un burofax al señor que, supuestamente, era el propietario para que nos dijera lo que adeudábamos y exigiendo un contrato». También le denunciaron por las amenazas. No hubo condena por falta de pruebas. Poco después del juicio, «en diciembre ellos se fueron», relata Ariana.

La «sorpresa» mayúscula fue que según comprobó la PAH, en el Registro de la Propiedad el que dice ser el dueño no figura como tal, aparece el nombre de otra persona. Aparentemente, la polaca y el británico eran ‘okupas’ y alquilaban la casa de al lado a Ariana. «Es parte de la dejadez y falta de control de la Administración», denuncia Isabel.

Ariana y su familia están en el limbo. No encuentran al verdadero dueño de la casa, del que tienen el nombre. «Es muy extraño», tampoco les pueden denunciar por no pagar el alquiler; no hay contrato, dice Isabel.

Pagos en negro «Sin cuenta bancaria no se pueden pedir ayudas»

«Los dueños se quejan de que no les pagan, pero si no hay contrato ni cuenta bancaria los inquilinos no pueden pedir ayudas». Isabel Ruiz, representante de la Plataforma Afectados por la Hipoteca (PAH), denuncia la sinrazón de los pagos en negro de los alquileres. Máxime con el agravamiento de la vulnerabilidad de las familias sin trabajo. «¿Quién puede pagar 800, 900 o 1.200 euros al mes?», interpela. Critica que a nivel estatal haya hasta tres millones de pisos vacíos de grandes tenedores y sigamos sin un parque de viviendas sociales.