El juez instructor del Caso Cursach, Manuel Penalva, volvió a defender ayer la legalidad de la investigación. En su segunda declaración como imputado en el Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB), Penalva negó haber aleccionado o manipulado a un testigo para que declarase contra el empresario, su entorno y varios agentes de la Policía Local de Palma. Este testigo, también citado en calidad de investigado por haber mentido en estas acusaciones, se acogió a su derecho a no declarar. Entre hoy y mañana deben comparecer de nuevo los cuatro agentes del grupo de Blanqueo que participaron en las pesquisas. La declaración del fiscal Miguel Ángel Subirán ha quedado en el aire después de que una forense concluyera que no está en condiciones de ser interrogado por su estado psicológico.

Esta nueva ronda de interrogatorios se produce tras la reapertura de la investigación judicial por las presuntas ilegalidades cometidas en la investigación de la macrocausa de corrupción policial, empresarial y política en torno a Bartolomé Cursach. El magistrado Carlos Gómez había decretado el cierre de las pesquisas, limitando las acusaciones a simples revelaciones de secretos por las filtraciones a medios de comunicación, pero el TSJB revocó esta decisión al aceptar un recurso de la fiscalía y las acusaciones particulares y ordenó investigar también las presuntas manipulaciones de un testigo para que declarase contra los sospechosos. Este hombre era un trilero que actuaba en la zona de s’Arenal y en cuatro comparecencias durante la instrucción del Caso Cursach lanzó graves acusaciones. Bajo la condición de testigo protegido, implicó a varios policías locales de Palma en delitos de tráfico de droga y prostitución, acusó a Cursach y sus directivos de tener «matones a sueldo» y dedicarse al narcotráfico y afirmó que introducían cocaína en Mallorca a través de un yate que atracaba frente a Tito’s. La Policía concluyó después que había mentido a cambio de obtener beneficios por parte de Penalva y Subirán en las causas judiciales que tenía abiertas.

El juez Manuel Penalva declaró ayer durante una hora y media. Como ya hizo en su primera comparecencia en febrero de 2020, defendió la legalidad de su investigación y negó haber cometido irregularidades. El juez, que respondió a las preguntas de los fiscales y su abogado pero no de las acusaciones particulares, afirmó que el testigo había declarado por voluntad propia y que en ningún momento le aleccionaron sobre qué declarar ni a quién implicar. 

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Penalva niega en el TSJB haber manipulado a un testigo para que acusara a Cursach y varios policías B. Ramon

Penalva rechazó haberle mostrado fotografías de agentes de la Policía Local de Palma indicándole a quienes debía acusar y rechazó haberle concedido beneficios procesales a cambio de estas declaraciones. A su salida del Palacio de Justicia, el juez se limitó a decir a los periodistas que le preguntaron: «Lo que tenía que contar ya lo he contado ahí dentro»

Silencio del testigo protegido

El primero en comparecer ayer fue precisamente el testigo protegido 26 del Caso Cursach, a quien el juzgado acaba de retirar esta condición. Investigado en esta causa por un presunto delito de falso testimonio, el hombre fue conducido por la Policía a la sede judicial desde prisión, donde cumple condena por un caso de violencia machista. El acusado, asistido por un abogado de oficio, se acogió a su derecho a no declarar y fue trasladado de nuevo al centro penitenciario tras su breve comparecencia.

El testigo investigado por mentir en sus acusaciones del Caso Cursach se acogió a su derecho a no declarar

El magistrado instructor de la causa abierta por estas supuestas irregularidades, Carlos Gómez, ha citado a declarar como imputados por segunda vez al reabrirse el caso a cuatro agentes del grupo de Blanqueo de la Policía Nacional que participaron en la investigación. Dos de ellos deben comparecer mañana y los otros dos, el viernes.

El juez citó también de nuevo al fiscal Miguel Ángel Subirán, ya jubilado. Pero Subirán alegó a través de su abogado que no estaba en condiciones de declarar debido a su situación psicológica. Gómez ordenó que fuera examinado por un médico forense y el fiscal fue sometido a un reconocimiento durante varias horas hace unos días. La forense concluyó que su situación mental le impedía ser interrogado otra vez, por lo que su comparecencia ha quedado aplazada sine die.