El Congreso vuelve a dar su sí para acabar con los aforamientos políticos en Baleares. Con la misma unanimidad con la que salió del Parlament balear, todos los partidos a nivel nacional apoyaron ayer la propuesta de la cámara autonómica defendida en Madrid para reformar el Estatut y eliminar el aforamiento de los diputados autonómicos y de los miembros del Govern. Una figura por la cual estos cargos políticos sólo pueden ser juzgados por el Tribunal Superior de Justicia (TSJB) o, en segunda instancia por el Tribunal Supremo, y que en el transcurso del debate fue tildada de «privilegio», de «anacrónica», «desfasada en el tiempo» y de «formar parte del engranaje de la corrupción en Balears y España».
Después de que la iniciativa fuera aprobada por el Parlament y que ya recibiera el apoyo del Congreso hace ya dos años, pero no se llegara a tramitar debido a la disolución de las cortes por la convocatoria de elecciones, tres diputados de las islas en representación del Parlament volvieron a defender ayer la medida en Madrid. Cabe recordar que al requerir de una reforma del Estatut y al ser éste una ley orgánica, la medida necesita ser reformada desde el Congreso y el Senado.
«Los 59 diputados de nuestro Parlament votaron para eliminar los aforamientos, esperamos que cuente hoy con la misma unanimidad aquí», reclamó el diputado socialista Juli Dalmau, quien señaló que «aunque tuvo algún sentido en su momento» la figura se encuentra hoy «desfasada» al ser «percibida como una disfunción de la igualdad ante la justicia».
El aforamiento ha sido parte del engranaje de la corrupción en Balears y en España
«Los políticos no constituimos ni clase ni casta y no debemos tener ninguna diferencia con el resto de ciudadanos», defendió por su lado el popular Juan Manuel Lafuente, quien celebró la unanimidad: «Me gustaría que en otros temas, como el Régimen Especial de Baleares (REB), alcanzáramos el mismo nivel de acuerdo».
El diputado de Més per Menorca, Pep Castells, empezó con un discurso reivindicativo recordando que Balears es «un territorio infrafinanciado, con una economía frágil y el más golpeado por la crisis de la covid» y que «no tiene nada que ver con la arcadia feliz que algunos imaginan» y reclamó que después de que las islas «hayan formado demasiado tiempo parte del mapa de la corrupción, ayúdennos a que forme parte del mapa de la radicalidad democrática». En la misma línea, apuntó que «aunque es difícil cuantificar su efecto por la percepción de impunidad que daba», el aforamiento «ha formado parte del engranaje de la corrupción en Baleares».
La cuarta comunidad en hacerlo
Pese a que el debate entre los grupos del Congreso, donde intervinieron los diputados por las islas como Pere Joan Pons (PSIB), Miquel Jerez (PP), Antonio Salvà (Vox) o Antònia Jover (Podemos), propició un intercambio de acusaciones por no extender la eliminación de los aforamientos en toda España, todos los grupos apoyaron la reforma del Estatut para eliminar los aforamientos.
El diputado del PSOE, Pere Joan Pons, y la diputada de Podemos, Antònia Jover, subrayaron que la iniciativa es una medida que «emana de los Acords pel Canvi» firmados entre PSOE, Podemos y Més en 2015. Balears es la cuarta comunidad en hacerlo tras Canarias, Cantabria y Murcia.
